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REGIONALES

Acusan a 52 personas por Invasión de Inmueble Ajeno y piden juicio oral

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El Ministerio Público, representado por el fiscal Andrés Arriola, formuló acusación contra 52 supuestos invasores de una propiedad privada de Minga Guazú. Al mismo tiempo, el representante de la ciudadanía solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. De igual modo, otros 14 implicados están en rebeldía. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías número 4, a cargo de la magistrada Alba Meza.

Los acusados son Martín Villalba Morínigo, Nair Cristina Páez Páez, Presentado Gómez González, Simón Genes Melgarejo, Jorgelina Rolón Brunaga, Heidy Elizabeth Barrios Ramírez, María Concepción Barrios de Páez, Iluminada Raquel Barrios Caballero, Patricia Duarte Florentín, Carolina Borba Sánchez, Niño Jesús Ojeda Beloso, Verónica Concepción Figueredo Santa Cruz, Laura Estela Ortiz Vera, Alcira Segovia Ovelar y Ana Carolina Centurión.

La lista sigue con: Gilberto Sánchez Cubilla, Celso Ramírez Alvarenga, Liliana Villalba Martínez, Fidel Sandoval Vázquez, Denis Michael Duarte Riveros, Luis Gilberto Medina Ortigoza, Hermes Ramírez Patiño, Norma González Álvarez, Marta Graciela Melgarejo Argüello, Juana Rosa Argüello Riveros, Marcia Riveros de González, Vidalia Monges Romero, Osmar Ramón Cabañas Vera, Reinaldo Ortiz Vera y Hermo Serna.

También están acusados Julio Antonio Villalba Morínigo, Carmen Báez González, Sefiria Serna Espinoza, Wilson Cabral y Edi Brunilda Ortiz Vera, Luz Marina Del Puerto Silvero, Luis Troche Bogado, Teófila Riveros, Julia Martínez Díaz, Florentino González Velázquez, Victoria Aquino, José Domingo Franco González, Claudia Lorena Lugo Bobadilla y Liz Florentina González Álvarez.

La acusación afecta además a Teonila Agüero González, Ramona Concepción Vergara de Maciel, Gregorio Solís, Ana Lourdes Galeano Ojeda, Ezequiel Amado Melgarejo Argüello, Lucio Ramón Rolón Cardozo, Wilfrido Báez González y Gerónimo Osvaldo Páez.

Según los antecedentes, los hoy acusados y otros implicados atropellaron clandestinamente la propiedad privada, ubicada  el kilómetro 29,5 Monday del distrito de Minga Guazú, en mayo de 2015. Levantaron en el lugar precarias viviendas. El inmueble, de 20 hectáreas, individualizado como Lote 04, Manzana 90, Finca 5471, pertenece al señor Víctor José Agüero.

Inicialmente, los ocupantes de la finca fueron desalojados del lugar por una orden de la entonces magistrada Máxima Meza. Sin embargo, al poco tiempo volvieron a ingresar al terreno. A raíz de esta situación, el afectado formuló la denuncia penal y la Fiscalía inició la investigación contra los sospechosos, hasta que ahora formuló la acusación correspondiente.

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REGIONALES

Urgen imputación de abusador de niña, que está protegido por la propia madre

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La historia que maneja la Fiscalía está tan mal contada, que se puede decir que el Ministerio Público actualmente está protegiendo a un abusador sexual de niñas, imputándolo por “Abuso Sexual bajo tutela”, una tipificación privativa para menores de 14 años en adelante, y cuando en realidad la víctima tiene apenas 3 AÑOS DE EDAD.

La causa está caratulada como “Miguel Ángel Larrosa Bogado s/ Abuso sexual en niños”, donde la fiscal de Hermenegilda Cubilla imputó al abusador por ese hecho punible que tiene un tipo penal leve, por lo que la misma fue recusada, y actualmente el caso a la Unidad II, a cargo de su colega Cinthia Leiva.

El padre de la criatura es quien recurrió a Radio Concierto, pidiendo socializar el grave hecho ya que su hija está prácticamente a merced de su verdugo, y lo peor aún, con la complacencia de la madre, una joven identificada como Aline Magalí Bernal.

“Mi hija fue molestada sexualmente por su padrastro, y eso ya lo confesó ante una psicóloga y un médico forense, por favor pido ayuda para que se sepa lo que está ocurriendo, porque es una niña de apenas 3 años”, afirmó Kevin Marcelo Angriman, quien además dijo ser víctima de otra persecución, pues fue denunciado por “violencia doméstica”, cuando que él hace rato no vive con su esposa.

El denunciado e imputado Miguel Ángel Larroza Bogado, sería hijo de un aduanero con fuertes influencias políticas, y en ese detalle se estaría explicando que la Fiscalía estaría tratando de otorgarle un manto de impunidad, ya que coincidentemente, la imputación absurda que se mantiene, da pie a que ahora el denunciado pida la anulación de la misma, pues dice no vivir con la niña, y por tanto no puede existir “tutela”.

Al mirar el expediente, se puede observar claramente que podría existir una trama muy bien urdida para promover la impunidad del denunciado, y desproteger a una niña de 3 años que está siendo víctima de abuso sexual. Lo que la familia de Kevin exige, es que el Ministerio Público impute a Larroza por ABUSO SEXUAL EN NIÑOS.

VIOLENCIA FAMILIAR

Ante la denuncia realizada por el padre de la niña, la madre que protege al abusador también reaccionó, y le denunció por violencia doméstica. En este caso, la fiscal Emilce Ovelar de Rodríguez rápidamente imputó a Kevin Marcelo Angriman, y ordenó su detención, cosa que no ocurre con el abusador de la hija de Kevin. Por todo esto, su familia pide que no solamente se haga justicia con el hombre que abusó de la niña, que debe estar preso, sino también que se anule la imputación por violencia doméstica, donde se citan hechos que jamás existieron, según afirman.

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Delincuentes llevan casi Gs. 20 millones durante robo domiciliario

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Una gavilla de delincuentes atracó una vivienda ubicada en el barrio Fátima de Ciudad del Este, sucedió alrededor de las 02:40 horas de la madrugada de este martes.

Resultó víctima Darío José Chaparro Santacruz (31), a quien robaron Gs. 15.000.000, 600 dólares y unos 300 reales, además la llave de contacto de tres vehículos y el DVR del circuito cerrado.

El hombre manifestó que unos 4 sujetos fuertemente armados llegaron hasta la vivienda, revolvieron todo a su paso y se llevaron el dinero mencionado. Aparentemente llegaron a bordo de un automóvil Toyota, Premio, plata, para luego darse a la fuga.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público. #RadioConcierto

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Condena de 2 años con suspensión a prueba a quien transportó 20.000 kilos de azúcar de contrabando

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Un comerciante acusado por contrabando de azúcar fue sentenciado a 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, en un juicio abreviado, mediante Sentencia Definitiva n° 2 de fecha 25 de febrero de 2021 emanado del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, a cargo del magistrado Humberto Otazú. El condenado está identificado como José Tran Tach.

Según los antecedentes, la causa penal se había iniciado en fecha 21 de julio de 2020 mediante una denuncia realizada por la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), dependiente de la Dirección Nacional de Aduanas.

Los responsables del dicho organismo informaron a la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Contrabando, que tras un seguimiento y vigilancia lograron ubicar un depósito, donde se encontrarían mercaderías ingresadas en forma irregular al país. Inmediatamente la agente fiscal Nilsa Torales, con orden judicial de por medio, procedió a allanar el lugar, constatando gran cantidad de azúcar que había ingresado de contrabando.

Tras el pesaje se comprobó que el cargamento de la mercadería totalizaba 19.740 kilos. La fiscal interviniente dispuso en el acto el traslado de toda la evidencia a la Aduana de ALGESA del km 12 de la capital del Alto Paraná.

Luego, en el marco de la investigación, el Ministerio Público logró ubicar el local de comercialización de los productos del señor José Tran Tach, y nuevamente con orden judicial se realizó una compra vigilada de azúcar de procedencia brasileña, formulándose consecuentemente la acusación.

Posteriormente, en audiencia preliminar, el acusado admitió el hecho y asistido por su abogado solicitó la aplicación del procedimiento abreviado, de cuya consecuencia recayó la condena de 2 años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la ejecución de la condena por el plazo de 3 años.

Además, de una sanción consistente en la donación de la suma de 20.400.000 guaraníes al Hogar de Ancianos de Villa 23 de Octubre y La Fundación de Rehabilitación de Adictos del Paraguay.

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