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REGIONALES

Conforman equipos de trabajo para sacar a limpiavidrios de las calles y ponerlos a trabajar o estudiar

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La ordenanza que fuera aprobada por la Junta Municipal de Ciudad del Este y promulgada por el intendente Miguel Prieto ya se encuentra en vigencia, y entra en la etapa administrativa para que se den las condiciones para su ejecución.

Se trata de la Ordenanza 026/2020, “Por la que se prohíbe la presencia de los denominados limpia vidrios de vehículos en las calles de Ciudad del Este”. El proyecto del concejal Teddy Mercado (PLRA) fue aprobado por unanimidad por los concejales, y desde este lunes está prohibido el “trabajo” de los violentos sujetos que extorsionan a hasta asaltan a los automovilistas.

El trabajo para su ejecución involucra a la Dirección de Desarrollo Social, a CODENI, y a la Policía Municipal de Tránsito, quienes tendrán que hacer saber de esta medida a los afectados. Entretanto, este lunes se realizan las comunicaciones oficiales a la Fiscalía y a la Policía Nacional, organismos a los cuales se deberá recurrir en caso de encontrar resistencia por parte de los limpia vidrios.

La ordenanza ya vigente hoy, en sí, no solamente dispone el retiro de estos jóvenes y niños de las calles, sino propone una salida decorosa para los mismos, ya que dispone la identificación de los afectados, sus padres, su escolaridad y otros detalles familiares. La intención es meterlos a la mayoría de ellos a la Escuela Municipal, y ponerlos a estudiar.

Se recurrirá además a la Supervisión de Educación del MEC para la reinserción escolar de todos ellos, mientras que los mayores de 18 años pasarán por un proceso de preparación para ser insertados en el ámbito laboral en el sector privado, preferentemente el comercial. Propone además un diálogo con los niños y sus padres.

Está previsto además la firma de convenios con albergues infantiles, y hasta crear un albergue municipal temporal, donde los chicos puedan tener alimentación básica, acceso a higiene personal y un lugar para dormir.

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Castillo en estado grave por COVID-19

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El ex intendente de Hernandarias, el liberal Mario Castillo tuvo que ser hospitalizado de urgencia en el Hospital Integrado del Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este.

Castillo presenta complicaciones por COVID-19 debido a una enfermedad de base que padece.

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Prieto desprecia a medios de su ciudad y pacta con los de Cartes

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En una licitación evidentemente direccionada a los medios de donde proviene su actual jefa de prensa, el intendente de Ciudad del Este ya en diciembre del año pasado otorgó el contrato por importe de 95.000.000 de guaraníes a “Gráfica y Editorial Intersudamericana SA”, para “servicios de publicidad y emisión de avisos”.

Se trata de la empresa que maneja los medios del grupo de Horacio Cartes, ex presidente que intentó en forma sangrienta atropellar la Constitución Nacional en su aventura por la reelección, y está hoy investigado en Brasil por proteger el esquema de lavado de dinero donde también se encuentra su amigo Darío Messer.

Casualmente los medios del grupo Cartes fueron quienes más “dispararon” contra Miguel Prieto cuando el mismo encabezó el pedido de intervención a la gestión de la ladrona Sandra de Zacarías, y más aún cuando decidió postularse para sucederla en el cargo.

Sin embargo, la salida de la periodista Sofía Massi y la llegada de Adalid Monzón al gabinete de Prieto evidentemente cambió la postura del intendente respecto a este grupo empresarial, y desde la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) se dirigió una licitación para favorecer a los medios cartistas.

La actual jefa de prensa de Prieto era hasta hace poco tiempo una asistente de uno de los voceros del grupo Cartes, Benjamín Livieres Plano, a su vez hermano del ex obispo de Ciudad del Este Rogelio Livieres Plano, involucrado en varios negociados con el clan Zacarías y que enajenó varios valiosos bienes de la Diócesis local.

A menos de tres meses de su llegada al cargo, ya logró que el Grupo Nación de Comunicaciones, o sea, sus ex patrones, se lleve la licitación por G. 95.000.000, ignorando a los medios de comunicación de su propia ciudad, y privilegiando a otros que no son de la zona, y en la práctica tienen escasísimo alcance ante la población en general y los contribuyentes.

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REGIONALES

No hubo pruebas en su contra y quedó en libertad

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El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Milciades Ovelar e integrado por los magistrados, Flavia Lorena Recalde y Marino Méndez, absolvió de reproche y pena a un acusado por el hecho punible de homicidio doloso. El fallo fue dictado ante la total orfandad probatoria durante el juicio oral, que concluyó este miércoles 27 de enero en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

Se trata de Jorge Luis Romero Ferreira, quien fue acusado de proveer el arma de fuego, con la que supuestamente el autor material, Cristian Benítez (prófugo) asesinó a Celia Sturaro Do Amaral, cuyo cuerpo, ya putrefacto, se encontró en un sojal, el 24 de marzo de 2019, en la colonia Santa Lucía de Itakyry. A poca distancia del cadáver se encontró un revólver cal. 22, con el tubo cañón roto.

Durante el debate solamente se presentó una nota policial, emanada del Oficial Heleno Martínez, jefe de Investigación, sede San Alberto. El informe daba cuenta que se recogió un rumor de que el acusado mantenía supuestamente una relación sentimental con Celia Sturaro y que, al enterarse que la misma se embarazó de otro hombre, proveyó el arma a Benítez para matarla.

El oficial de Policía dijo en el juicio oral no haber realizado ninguna diligencia que corrobore estos datos.  En cuanto a los otros 14 testigos, manifestaron que desconocen por qué se le involucra a Romero Ferreira y más bien apuntan a la rival sentimental de la fallecida.

En ese sentido, los familiares de la víctima fatal testificaron ante el Tribunal que Sturaro Do Amaral, en realidad, mantenía una relación extramatrimonial con el marido de una mujer que venía amenazándome de muerte. Sin embargo, la Fiscalía ni siquiera investigó a la «rival», quien incluso, meses atrás, ya habría mandado quemar la moto de la víctima.

La agente fiscal Olga Melgarejo representó al Ministerio Público. Mientras que el acusado estuvo asistido por la Defensora Pública, abogada Karina Vázquez.

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