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Ínfima condena a hombre que violó a niña

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El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por los magistrados Zunilda Martínez y Marino Méndez condenó a 5 años de cárcel a un acusado por el hecho punible de abuso sexual en niños. El juicio oral y público se realizó este martes 5 de enero en la nueva sede del Poder Judicial. El sentenciado es Joel Hugo Florentín Domínguez.

Los jueces Martínez y Méndez votaron en mayoría por 5 años de pena privativa de libertad. Mientras que el presidente del Tribunal Colegiado votó en disidencia por 15 años.

Resulta que, ley aplicable es la anterior, vigente hasta el 2017, tiempo en que ocurrió el hecho y que previó la pena máxima de 5 años para este tipo de casos. Según se dio a conocer durante el juicio oral, la Fiscalía ordenó la realización de un examen médico, pero al momento de la audiencia preliminar, no ofreció como prueba, por lo que no se admitió en el debate público. Igualmente, en el auto de elevación a juicio, el hecho se calificó con el tipo base, sin coito.

En cuanto al relato que hizo la víctima ante la psicóloga del Ministerio Público y ante la Cámara Gesell, la misma refirió que solamente hubo manoseos. Recién en el debate público insinuó que existió penetración, pero sin el dictamen forense que avale dicha hipótesis.

Además, la Fiscalía, al inicio del proceso, tomó una declaración indagatoria al acusado, sindicándolo como autor de manoseos, con el tipo base de la ley anterior, que dispone como pena máxima de 3 años de prisión. Finalmente se le aplicó la máxima prevista para el agravante de haber ocurrido varias veces.

En ese sentido, los jueces manifestaron que la prueba ofrecida debe ser válida y científica, respaldada en un medio probatorio idóneo. En base a estos fundamentos, el Tribunal dictó el fallo con el tipo base de manoseos con el agravante de que ocurrió varias veces. Refieren los antecedentes, que el hecho ocurrió más de una vez, en el año 2016 y finales de 2017, resultando víctima una menor de 12 años de edad. La denuncia fue radicada en su oportunidad por el padre de la nena, quien había quedado bajo los cuidados de su madrina, teniendo en cuenta que su mamá padecía de cáncer y no podía hacerse cargo de ella.

El 7 y 8 de agosto del 2018, la afectada fue oída por la psicóloga del Ministerio Público. En la ocasión, ella contó que, en una oportunidad, se quedó sola en la casa de sus padrinos, cuando en horas de la madrugada, el hoy condenado ingresó a su habitación. La niña, al despertarse, se percató que ya estaba sin ropas, sin comprender lo que le había sucedido. Luego se levantó para higienizarse, instante en que se dio cuenta que el hombre salía de su pieza. La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín representó al Ministerio Público en el debate.

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Urgen imputación de abusador de niña, que está protegido por la propia madre

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La historia que maneja la Fiscalía está tan mal contada, que se puede decir que el Ministerio Público actualmente está protegiendo a un abusador sexual de niñas, imputándolo por “Abuso Sexual bajo tutela”, una tipificación privativa para menores de 14 años en adelante, y cuando en realidad la víctima tiene apenas 3 AÑOS DE EDAD.

La causa está caratulada como “Miguel Ángel Larrosa Bogado s/ Abuso sexual en niños”, donde la fiscal de Hermenegilda Cubilla imputó al abusador por ese hecho punible que tiene un tipo penal leve, por lo que la misma fue recusada, y actualmente el caso a la Unidad II, a cargo de su colega Cinthia Leiva.

El padre de la criatura es quien recurrió a Radio Concierto, pidiendo socializar el grave hecho ya que su hija está prácticamente a merced de su verdugo, y lo peor aún, con la complacencia de la madre, una joven identificada como Aline Magalí Bernal.

“Mi hija fue molestada sexualmente por su padrastro, y eso ya lo confesó ante una psicóloga y un médico forense, por favor pido ayuda para que se sepa lo que está ocurriendo, porque es una niña de apenas 3 años”, afirmó Kevin Marcelo Angriman, quien además dijo ser víctima de otra persecución, pues fue denunciado por “violencia doméstica”, cuando que él hace rato no vive con su esposa.

El denunciado e imputado Miguel Ángel Larroza Bogado, sería hijo de un aduanero con fuertes influencias políticas, y en ese detalle se estaría explicando que la Fiscalía estaría tratando de otorgarle un manto de impunidad, ya que coincidentemente, la imputación absurda que se mantiene, da pie a que ahora el denunciado pida la anulación de la misma, pues dice no vivir con la niña, y por tanto no puede existir “tutela”.

Al mirar el expediente, se puede observar claramente que podría existir una trama muy bien urdida para promover la impunidad del denunciado, y desproteger a una niña de 3 años que está siendo víctima de abuso sexual. Lo que la familia de Kevin exige, es que el Ministerio Público impute a Larroza por ABUSO SEXUAL EN NIÑOS.

VIOLENCIA FAMILIAR

Ante la denuncia realizada por el padre de la niña, la madre que protege al abusador también reaccionó, y le denunció por violencia doméstica. En este caso, la fiscal Emilce Ovelar de Rodríguez rápidamente imputó a Kevin Marcelo Angriman, y ordenó su detención, cosa que no ocurre con el abusador de la hija de Kevin. Por todo esto, su familia pide que no solamente se haga justicia con el hombre que abusó de la niña, que debe estar preso, sino también que se anule la imputación por violencia doméstica, donde se citan hechos que jamás existieron, según afirman.

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Delincuentes llevan casi Gs. 20 millones durante robo domiciliario

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Una gavilla de delincuentes atracó una vivienda ubicada en el barrio Fátima de Ciudad del Este, sucedió alrededor de las 02:40 horas de la madrugada de este martes.

Resultó víctima Darío José Chaparro Santacruz (31), a quien robaron Gs. 15.000.000, 600 dólares y unos 300 reales, además la llave de contacto de tres vehículos y el DVR del circuito cerrado.

El hombre manifestó que unos 4 sujetos fuertemente armados llegaron hasta la vivienda, revolvieron todo a su paso y se llevaron el dinero mencionado. Aparentemente llegaron a bordo de un automóvil Toyota, Premio, plata, para luego darse a la fuga.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público. #RadioConcierto

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Condena de 2 años con suspensión a prueba a quien transportó 20.000 kilos de azúcar de contrabando

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Un comerciante acusado por contrabando de azúcar fue sentenciado a 2 años con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, en un juicio abreviado, mediante Sentencia Definitiva n° 2 de fecha 25 de febrero de 2021 emanado del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, a cargo del magistrado Humberto Otazú. El condenado está identificado como José Tran Tach.

Según los antecedentes, la causa penal se había iniciado en fecha 21 de julio de 2020 mediante una denuncia realizada por la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), dependiente de la Dirección Nacional de Aduanas.

Los responsables del dicho organismo informaron a la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Contrabando, que tras un seguimiento y vigilancia lograron ubicar un depósito, donde se encontrarían mercaderías ingresadas en forma irregular al país. Inmediatamente la agente fiscal Nilsa Torales, con orden judicial de por medio, procedió a allanar el lugar, constatando gran cantidad de azúcar que había ingresado de contrabando.

Tras el pesaje se comprobó que el cargamento de la mercadería totalizaba 19.740 kilos. La fiscal interviniente dispuso en el acto el traslado de toda la evidencia a la Aduana de ALGESA del km 12 de la capital del Alto Paraná.

Luego, en el marco de la investigación, el Ministerio Público logró ubicar el local de comercialización de los productos del señor José Tran Tach, y nuevamente con orden judicial se realizó una compra vigilada de azúcar de procedencia brasileña, formulándose consecuentemente la acusación.

Posteriormente, en audiencia preliminar, el acusado admitió el hecho y asistido por su abogado solicitó la aplicación del procedimiento abreviado, de cuya consecuencia recayó la condena de 2 años de pena privativa de libertad con suspensión a prueba de la ejecución de la condena por el plazo de 3 años.

Además, de una sanción consistente en la donación de la suma de 20.400.000 guaraníes al Hogar de Ancianos de Villa 23 de Octubre y La Fundación de Rehabilitación de Adictos del Paraguay.

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