Fuente: Infobae

El régimen turco anunció la “primera fase” de la medida para prisioneros condenados por delitos cometidos antes del 1 de julio. También, decretaron la expulsión de más de 2.000 policías.

Turquía liberará a 38.000 prisioneros condenados por delitos cometidos antes del 1 de julio, o sea antes del fallido golpe de Estado, anunció el miércoles el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, para aparentemente evitar el hacinamiento en las cárceles.

El régimen turco aclaró que la liberación anticipada bajo control judicial “no es una amnistía” y concierne “los delitos cometidos antes del 1 de julio“, pero no los asesinatos o actos terroristas. “En base a esta medida, unas 38.000 personas saldrán de prisión en una primera fase”, indicó el ministro.

La medida excluye de hecho cualquier persona encarcelada por su implicación en el golpe de Estado frustrado del 15 de julio.

Este anuncio llega después que Turquía haya puesto en marcha una implacable purga contra los simpatizantes del predicador Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.Unos 35.000 fueron encarcelados, 11.600 de los cuales ya fueron puestos en libertad.

En tanto, las autoridades turcas expulsaron del cargo a más de 2.000 policías, así como a más de un centenar de oficiales militares, por supuestos vínculos con el fallido golpe militar del 15 de julio pasado, según un decreto hecho público este miércoles en el Boletín Oficial.

En total, 2.692 personas han perdido su condición de funcionario por este decreto dictado al amparo del estado de emergencia declarado el 22 de julio pasado, señala el texto.

Se trata de 2.360 agentes de la Policía, 196 empleados de la Autoridad de Telecomunicaciones (BTK) y 136 oficiales del Ejército, desde sargentos hasta generales.

Estas personas se suman a los 4.897 funcionarios que habían sido expulsados de su cargo público hasta ahora, y de los que más de 3.000 eran militares, según detalló el primer ministro turco, Binali Yildirim, el sábado pasado.

Por otra parte, el total de funcionarios o empleados de sectores públicos suspendidos de su función y en espera de que se revise su caso supera los 75.000, indicó Yildirim entonces.

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