La presentación fue realizada ayer a la mañana por el abogado Hernán Romero, uno de los afectados y a la vez representante legal de los 23 funcionarios despedidos hace 17 años por el entonces intendente Javier Zacarías Irún. El Juez del fuero civil Mario Aguayo Rodríguez, había dispuesto la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que determinaba pagar más de 3.800 millones de guaraníes a esos ex obreros.
La resolución fue remitida a la intendencia municipal, y el monto en virtud a la orden judicial fue incluido en el presupuesto general de gastos del 2017. La intendenta Sandra de Zacarías tenía tiempo hasta el 30 de diciembre del año pasado para pagar esta indemnización de los afectados, pero no lo hizo, aún cuando el pago fue presupuestado.
Entre los que debían cobrar esa millonaria indemnización, están personas de mucha edad, una de ellas soportando un tratamiento de cáncer terminal. Ni con estos detalles, la jefa comunal se apiadó para que los humildes trabajadores dejen de sufrir, pues realizaban manifestaciones y huelgas de hambre frente a la institución comunal.
Las veces que estos trabajadores fueron a hablar con responsables del área financiera de la Municipalidad, siempre les señalaron que debían hablar con Javier Zacarías Irún, marido de la intendenta, mostrando claramente quién era el que decidía el cumplimiento o no de la orden judicial.
Incluso, llegaron a señalar que Zacarías quería quedarse con parte del dinero, y que si los trabajadores aceptaban, ordenaría el pago. Finalmente Sandra de Zacarías desacató la orden judicial, y ahora el juez Mario Aguayo está obligado a remitir el expediente judicial al Ministerio Público, para la imputación correspondiente de la corrupta intendenta Sandra de Zacarías.
