La agente fiscal Vivian Coronel formuló acusación en contra de Rafael “Mbururú” Esquivel por haber supuestamente abusado de una menor, que en el momento del hecho -2019- tenía 12 años de edad. El proceso es por el supuesto hecho de abuso sexual en niños, en carácter de autor. Mientras, la madre de la hoy adolescente también fue acusada, en calidad de cómplice.
Según los antecedentes, el hecho habría ocurrido entre junio y julio del 2019 en el interior del motel Samoa del barrio San Miguel de Ciudad del Este, hasta donde fue llevada la víctima por el presunto agresor. Supuestamente la propia madre habría ordenado a su hija para acompañar a Esquivel hasta el referido lugar, donde se produjo la agresión sexual.
El hecho salió a la luz el 7 de marzo de 2023 cuando la Defensoría Pública de la Niñez y Adolescencia informó a la Fiscalía sobre un supuesto caso de proxenetismo, del cual había resultado víctima la menor y siendo supuesta responsable su propia madre. Tras la intervención del Ministerio Público, la adolescente -que actualmente tiene 16 años- fue inspeccionada por un médico forense, arrojando como resultado del examen, «desgarro antiguo de himen».
Asimismo, la afectada fue asistida por una profesional del Centro de Atención a Víctimas, ocasión en que confesó que fue obligada por su madre a tener relaciones sexuales con Rafael Esquivel. Refirió además, que su progenitora había recibido dinero a cambio de permitir al encausado abusar de ella.
Posteriormente, el 31 de marzo de 2023, durante su comparecencia ante la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, la víctima confirmó plenamente el abuso sexual sufrido de parte de “Mbururú” Esquivel con la complicidad de su mamá. Por lo tanto, la fiscal Vivian Coronel procesó a los dos presuntos responsables, quienes se encuentran recluidos en prisión y con alta expectativa de penas carcelarias.
Durante el plazo establecido por el Juzgado, la Fiscalía Especializada recopiló suficientes pruebas contra los sindicados, que incluyen la declaración testifical de la víctima ante la unidad fiscal, el dictamen del médico forense, la evaluación psicológica y la declaración realizada en la Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas.
El requerimiento conclusivo se presentó en el Juzgado de Garantías Nº 5, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete Urunaga. La representación pública solicitó la elevación de la causa a juicio oral.
