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REGIONALES

Juez ampara a policía garrotero y pone en riesgo la vida de la madre de su hija

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En una decisión arbitraria y descabellada, el juez Marino Méndez otorgó la “excarcelación” al policía Lorenzo Cabrera González, procesado por violencia familiar, pese a que el mismo no estaba privado de su libertad, presupuesto legal para la aplicación de esta figura.

Durante la audiencia, el magistrado quien interina el Juzgado Penal de Garantías N° 7 no permitió que los representantes de la Querella tomen intervención en el acto procesal, todo con la evidente intención de beneficiar al uniformado. Con esta decisión, el juez deja a la víctima a merced del violento agente policial, y la denunciante teme por su vida.

En un hecho insólito, el magistrado Méndez primeramente no permitió que los representantes de la Querella Adhesiva, es decir, los representantes de la víctima tomen intervención en la audiencia, donde el escenario ya estaba preparado para beneficiar al policía garrotero.

Ante la negativa de hacer constar en el acta de la audiencia la mencionada decisión del juez Méndez,  los afectados presentaron una recusación en su contra, a lo que el magistrado hizo caso omiso y prosiguió con el acto.

El broche de oro de la indecorosa actuación del mismo constituyó el A.I. 387 dictado, que benefició al policía Lorenzo Cabrera González con la figura de la excarcelación, pese a que el mismo no estaba privado de su libertad.

En ese sentido, cabe mencionar que el Código Procesal Penal establece que la excarcelación es la herramienta idónea para liberar a la persona privada de su libertad. Está demás decir, que esa no era la situación del procesado Cabrera González.

Esta decisión es una evidente maniobra que orquestaron la defensa técnica del policía con el juez, para beneficiar a Cabrera González, quien está procesado por hechos tipificados como crímenes, por lo que no se le podría aplicar ninguna medida alternativa a la prisión preventiva.

Los representantes de la Querella, asumida por los abogados Leonardo Samaniego y Nilda Benítez Peña, interpusieron un recurso de apelación general contra la decisión adoptada por el juez Marino Méndez, por considerarla descabellada, temeraria e ilegal.

El policía Lorenzo Cabrera González está imputado por el Ministerio Público por el supuesto hecho de Violencia Familiar. La denuncia fue promovida por su entonces concubina Alberta Cabrera Alarcón con quien estuvo en concubinato por 17 años.

La misma había manifestado haber sido víctima de constantes maltratos físicos y verbales de parte de su pareja, por lo que a finales del 2017 se vio obligada a abandonar su vivienda, porque ya no aguantaba las torturas.

Con esta decisión del juez Méndez, la víctima queda totalmente desprotegida y a merced de su agresor, quien además de vivir en las inmediaciones de la casa de Alberta, también está destinado a la comisaría del lugar, por lo que Alberta teme por su vida.

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Migraciones registra 3.000 procedimientos de seguridad migratoria hasta agosto

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En los primeros ocho meses del 2026, la Dirección Nacional de Migraciones concretó 3.080 procedimientos de seguridad migratoria en los principales puestos fronterizos y aeroportuarios del territorio nacional, operativos en el marco de reforzar la seguridad tanto en las entradas como en las salidas de nuestro país mediante la verificación de personas, la revisión documental y la cooperación activa con organismos de seguridad nacionales e internacionales.

Del total, se concentra mayormente entre impedimentos de salida e inadmisiones, representando casi el 91% de lo generado entre enero y agosto. El primero, contabilizó 1.642, por falta de documentos de viaje requeridos en 1.271 casos, carencia de autorización para el viaje de menores en 217 oportunidades, mientras que el resto se completa con prohibición judicial de salida del país (132), orden de captura (18), 3 personas por requerimiento de otro organismo de seguridad (Interpol) y una persona detenida por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Por el lado de inadmisiones, contabilizaron 1.141 de ingreso a ciudadanos extranjeros, cifra que la encabezó Venezuela (379), seguido de Brasil (251) y Argentina (192). Colombia (78), República Popular China (59), Cuba (33), Líbano (28), Bolivia (18), Perú (15), República Dominicana (9), Turquía (9), Ecuador (5), Guatemala (4), Bangladesh (3), Haití (3), Panamá (3), Laos (3), Serbia (3), Siria (3) y Túnez (3).

Se registraron casos de Angola, Guyana, Hong Kong, Mozambique, Namibia, Pakistán, Rusia, Taiwán, Uruguay y Vietnam (2 cada uno), así como de Albania, Armenia, Cabo Verde, Canadá, Chile, Estados Unidos, Egipto, El Salvador, Eritrea, España, Francia, India, Israel, Marruecos, México, Nigeria, Omán, Senegal, Sri Lanka y Togo (1 cada uno).

Expulsiones, entregas y extradiciones en cifras

Además, un total de 177 personas fueron expulsadas del país, 110 por vía administrativa y 67 por la vía judicial, lista que la encabeza Brasil con 135 casos, seguidos por colombianos, argentinos y ciudadanos de otros países. El informe se completa con 88 procedimientos de entrega a fuerzas de seguridad, que en 62 casos involucra a ciudadanos paraguayos, y luego a Argentina, Brasil, Bolivia, México, Canadá, Colombia, Corea, España, Perú, República Dominicana y Ucrania.

En el mismo aspecto, se efectuaron 32 trámites de extradición, los cuales incluyeron a 23 ciudadanos paraguayos enviados a la Argentina (16) o retornados desde Brasil (5) y Argentina (2). El resto correspondió a extranjeros extraditados a sus países de origen o a terceros Estados: argentinos hacia Argentina (2) y Brasil (1); brasileros hacia su país (2) o desde allí (1); además de un español, un peruano y un boliviano remitidos a sus respectivas naciones.

Controles detectan antecedentes y documentación falsa

Entre las intervenciones destacadas del mes de agosto, la institución concretó la inadmisión de un ciudadano estadounidense en el Puesto de Control Migratorio de Infante Rivarola, tras detectar antecedentes delictivos en su país de origen mediante una verificación secundaria. En el puesto de Puerto Falcón se ejecutó la expulsión de un ciudadano búlgaro que intentaba tramitar su residencia con documentación falsa; el intercambio de información confirmó que el extranjero contaba con una orden de detención en Argentina y una alerta roja de Interpol requerida por Bélgica.

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Capturan a «macumbero» involucrado en abuso sexual de niños

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Un operativo coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía permitió la detención de un hombre que se encontraba prófugo de la justicia, imputado en una causa por supuestos hechos punibles contra niños y adolescentes.

El procedimiento se ejecutó a las 05:40 horas de este viernes en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. Estuvo a cargo de personal del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, en acompañamiento a una comitiva fiscal-policial liderada por los agentes fiscales Abg. Vivian Andrea Coronel y Abg. Luis Alberto Trinidad Colmán.

La intervención se dio en cumplimiento al Mandamiento de Allanamiento A.I. N.º 1962, dictado para dos inmuebles en forma simultánea dentro de la Causa N.º 10.249/2025.

Durante el registro del primer objetivo fue detenido Ramón Silguero Traversi, paraguayo, soltero, de 30 años de edad, quien poseía una orden de captura pendiente por Abuso Sexual en Niños y Actos Sexuales en Menores. El sujeto permanecía prófugo.

Traversi es referente de la secta religiosa “Umbanda”, en su vivienda se hallaron evidencias con relación a su inclinación religiosa.

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Víctima teme que den prisión domiciliaria a policía garrotero

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Rosa Margarita Iglesia, quien fue víctima de agresiones por parte de suboficial Osvaldo Daniel Ortega, jefe del Puesto Policial Nº 11 del barrio Santa Ana de Ciudad del Este, teme que el mismo sea favorecido con prisión domiciliaria.

La mujer fue en varias ocasiones víctima de violencia, y teme que la justicia le favorezca con una medida sustitutiva a la prisión.

“Mi mayor miedo es que le den prisión domiciliaria, él vive a metros de mi casa”, indica la víctima.

La causa está a cargo de la fiscal Susa Vega, de la Unidad Especializada de Lucha contra la violencia familiar.

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