En una decisión arbitraria y descabellada, el juez Marino Méndez otorgó la “excarcelación” al policía Lorenzo Cabrera González, procesado por violencia familiar, pese a que el mismo no estaba privado de su libertad, presupuesto legal para la aplicación de esta figura.
Durante la audiencia, el magistrado quien interina el Juzgado Penal de Garantías N° 7 no permitió que los representantes de la Querella tomen intervención en el acto procesal, todo con la evidente intención de beneficiar al uniformado. Con esta decisión, el juez deja a la víctima a merced del violento agente policial, y la denunciante teme por su vida.
En un hecho insólito, el magistrado Méndez primeramente no permitió que los representantes de la Querella Adhesiva, es decir, los representantes de la víctima tomen intervención en la audiencia, donde el escenario ya estaba preparado para beneficiar al policía garrotero.
Ante la negativa de hacer constar en el acta de la audiencia la mencionada decisión del juez Méndez, los afectados presentaron una recusación en su contra, a lo que el magistrado hizo caso omiso y prosiguió con el acto.
El broche de oro de la indecorosa actuación del mismo constituyó el A.I. 387 dictado, que benefició al policía Lorenzo Cabrera González con la figura de la excarcelación, pese a que el mismo no estaba privado de su libertad.
En ese sentido, cabe mencionar que el Código Procesal Penal establece que la excarcelación es la herramienta idónea para liberar a la persona privada de su libertad. Está demás decir, que esa no era la situación del procesado Cabrera González.
Esta decisión es una evidente maniobra que orquestaron la defensa técnica del policía con el juez, para beneficiar a Cabrera González, quien está procesado por hechos tipificados como crímenes, por lo que no se le podría aplicar ninguna medida alternativa a la prisión preventiva.
Los representantes de la Querella, asumida por los abogados Leonardo Samaniego y Nilda Benítez Peña, interpusieron un recurso de apelación general contra la decisión adoptada por el juez Marino Méndez, por considerarla descabellada, temeraria e ilegal.
El policía Lorenzo Cabrera González está imputado por el Ministerio Público por el supuesto hecho de Violencia Familiar. La denuncia fue promovida por su entonces concubina Alberta Cabrera Alarcón con quien estuvo en concubinato por 17 años.
La misma había manifestado haber sido víctima de constantes maltratos físicos y verbales de parte de su pareja, por lo que a finales del 2017 se vio obligada a abandonar su vivienda, porque ya no aguantaba las torturas.
Con esta decisión del juez Méndez, la víctima queda totalmente desprotegida y a merced de su agresor, quien además de vivir en las inmediaciones de la casa de Alberta, también está destinado a la comisaría del lugar, por lo que Alberta teme por su vida.
