La presentación fue realizada ayer poco después de las 11:00 horas en la sede del Ministerio Público en Ciudad del Este, por el abogado Hernán Romero Rodríguez, bajo patrocinio de su colega David Sigmund. Lo hizo en representación de los 23 funcionarios despedidos hace más de 17 años de la Municipalidad de Ciudad del Este, y que hasta ahora siguen sin percibir sus haberes en concepto de indemnización por despido injustificado.
Los citados funcionarios habían sido sacados en el año 2001 por Javier Zacarías Irún, para que el mismo pueda instalar en la Comuna a sus hurreros, muchos de los cuales permanecen hasta hoy. La Corte Suprema de Justicia había ratificado las sentencias de primera y segunda instancias, condenando a la Comuna de Ciudad del Este a pagar una millonaria suma a los trabajadores.
La misma se eleva a 3.754.546.872 (tres mil setecientos cincuenta y cuatro millones quinientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y dos) guaraníes, los cuales fueron convenientemente presupuestados en el ejercicio fiscal del 2017. Sin embargo, Sandra de Zacarías se negó a ejecutar el pago ante la insistencia de su marido, Javier Zacarías, de quedarse con la mayor parte del monto que corresponde a los obreros.
En su escrito de denuncia en la fiscalía, el abogado Hernán Romero advierte que también hubo malversación de fondos públicos bajo el presupuesto de la flagrancia, y en abierto desacato a la orden judicial, prevista y penada por la Ley 4711/2012 “que sanciona el desacato de una orden judicial”.
El caso, dice, tiene además el agravante de que el desacato proviene de un funcionario público, que es Sandra de Zacarías, y por eso la pena se eleva a 5 años de prisión. Se ofrece además como prueba, el expediente caratulado “Luis Aníbal Páez Marsal c/ Municipalidad de Ciudad del Este s/ Ejecución de sentencia.
Solicita además a la fiscalía, iniciar la investigación y practicar las diligencias correspondientes, para luego formular imputación contra Sandra María Mc Leod de Zacarías, y oportunamente presentar acusación y solicitar la elevación de la causa a juicio oral y público. Una vez más, la jefa comunal es denunciada ante el Ministerio Público, donde duermen muchas denuncias de corrupción en su contra.
