La fiscal Zunilda Ocampos Marín solicitó prórroga extraordinaria para la presentación del requerimiento conclusivo contra los principales directivos y docentes de la Universidad Nacional del Este (UNE), quienes están imputados por los supuestos hechos punibles de estafa, lesión de confianza, cobro indebido de honorarios, producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.

La petición del Ministerio Público se basa en la complejidad de la investigación y porque aún no recibió diversos informes de parte de la Contraloría General de la República, que serán determinantes para la presentación de una acusación u otro tipo de requerimiento. La Primera Sala de la Cámara de Apelaciones, conformada por los magistrados Aniceto Amarilla, Miryam Meza López y Raúl Insaurralde, dictó la resolución número 69, por la cual concede la prórroga extraordinaria y fijó como nueva fecha para la presentación del requerimiento conclusivo el 4 de setiembre de 2018.

En el marco de la presente investigación, están procesados el rector de la UNE, Gerónimo Manuel Laviosa González, y el exrector, Víctor Brítez Chamorro, además de Eustaquio Martínez, Carlos Montiel, Napoleón Velázquez, Edgar Acosta, Liz Ovelar, Aldo Villalba, Gabriela Bobadilla, Herminia Delgado, Eligio Álvarez, Hugo Reinaldo Franco, Luis Cadogan, Armando Blaires, Mirta Arrúa, Pedro Regalado Romero, Jorge Hugo Fariña, Milciades Chilavert y Blanca Tottil de Moreno, todos directivos, decanos y docentes de la referida universidad.

La presente causa se inició el 2 de octubre de 2015 con la denuncia presentada por los ciudadanos Miguel Ángel López e Ignacio Daniel Medina, en representación de la Asociación de la Sociedad Civil sin fines de lucro del Alto Paraná. Según la pesquisa, los hoy imputados han alterado documentaciones correspondientes a las asignaciones de cátedras de distintas unidades académicas para producir un beneficio patrimonial indebido.

De esa manera, perjudicaron en sus recursos patrimoniales a diversas instituciones de la UNE, por ende a los estudiantes y a la sociedad. “Hicieron uso y abuso de las funciones y cargos que ostentan, causando un perjuicio a las arcas del Estado en beneficio propio y de terceros”, refiere la imputación.

Mientras otros implicados fueron contratados para realizar trabajos en diferentes dependencias de la universidad, sin cumplir funciones específicas, incluso ni siquiera aparecen en la institución educativa, pero perciben millonarias sumas de dinero en concepto de sueldos, obteniendo beneficios indebidos, añade el escrito fiscal.