El fiscal Julio Paredes investiga a los miembros de un supuesto grupo criminal que habrían falsificado la firma de un juez y su actuario para evitar el pago de más de 1.700 millones de guaraníes de honorarios profesionales a una abogada. La denuncia fue radicada por la profesional del foro Lourdes del Rosario Cantero Wolf, quien solicitó a la Fiscalía que ordene la captura nacional e internacional los principales implicados, entre quienes figura una escribana pública.
Los denunciados son Rutilio García, su pareja sentimental Theresa Carroll García, ambos estarían residiendo actualmente en los Estados Unidos; Ananía Aurora García de Alcaraz, Higinia Céspedes Rolón viuda de López, la escribana pública Delia Graciela Ruiz y Felipe Santiago López Franco. Los mismos habrían cometidos los hechos punibles de frustración de la ejecución individual, asociación criminal, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y evasión de impuestos.
Según la acción penal, en agosto del 2.013 la abogada Lourdes del Rosario inició un proceso de regulación de honorarios profesionales, en el marco de la causa “Mirtha Elizabeth Franco Alonso y Rutilio García contra Vanderlei Hauschild y otros, sobre nulidad de acto jurídico, cancelación de inscripción y otro, tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial de Iruña (Alto Paraná).
El juez Omar Vallejos estimó los honorarios de la profesional del foro en la suma de 1.735.541.100 guaraníes (un mil setecientos treinta y cinco millones quinientos cuarenta y un mil cien guaraníes), más 10% de IVA. Luego, la demandante solicitó las medidas cautelares que aseguren el cobro de los haberes profesionales. De esta manera, el magistrado ordenó embargos sobre tres propiedades ubicadas en Ñacunday, distrito de Santísima Trinidad y un tercero en la ciudad de Ayolas. El cumplimiento de la orden judicial estuvo a cargo del oficial de justicia Gilberto Zaracho Flor.
Pese a los embargos, Rutilio García y Mirtha Franco enajenaron todas las propiedades. Para el efecto, fabricaron Autos Interlocutorios, falsificando las firmas del juez Vallejos y su actuario, y de esa manera levantaron las medidas que pesaban sobre los inmuebles. Incluso, la propiedad de Ñacunday solamente existía en los papeles, hecho corroborado mediante informes oficiales de los registros públicos. Mientras que las demás propiedades aparecieron sin restricción ni gravamen alguno, mediante las falsificaciones realizadas, y de esa forma pudieron transferir los inmuebles, que llamativamente aparecieron a nombres de familiares cercanos de los denunciados.
El juez Omar Vallejos aseguró que los instrumentos presentados a su nombre en los registros carecen de validez. La denunciante solicitó la identificación de los funcionarios de los registros públicos que intervinieron en el caso para levantar los embargos y transferir los inmuebles, a fin de que igualmente sean sometidos a procesos penales.
