La magistrada Lilian Benítez, interina hace un mes, el juzgado de Ejecución del 1° turno de Ciudad del Este y uno de sus principales objetivos fue reducir la mora judicial y el control de las reglas de conducta para los condenados con suspensión condicional o a prueba.
El juzgado de Ejecución, de acuerdo al organigrama de la Corte Suprema de Justicia, tiene como función el control de ejecución de sentencias, de la suspensión condicional del procedimiento, de los fines de la prisión preventiva y la sustanciación y resolución de los incidentes que se produzcan durante la ejecución.
Asimismo, el control del cumplimiento de las finalidades constitucionales de las sanciones penales y la defensa de los derechos de los condenados.
De acuerdo a los datos rescatados del juzgado del primer turno, hasta el 5 de junio, en lo que va del 2018, contabilizaron 187 condenados de los cuales son 175 varones y 12 mujeres.
Se aclara que dentro de esta cifra no incluyen los internos, cuyas sentencias condenatorias aún no quedan firmes, que también son numerosos.
Según la jueza Benítez, al asumir funciones había 7800 expedientes, de acuerdo al inventario realizado.
De ese grupo, 3900 correspondían a casos con suspensión condicional del procedimiento y 507 causas que llegaron al procedimiento abreviado.
La lista sigue con los condenados y los que accedieron a libertad condicional. El juzgado de Ejecución del 1° turno fue por muchos, el único para toda la Sexta Circunscripción, ahora se cuenta con otro similar a cargo del juez Aldo Moreira.
«Tanto la presidencia de la Circunscripción y la propia Corte Suprema de Justicia, está en la tarea de llegar a la morosidad cero. Ahora estamos haciendo trámites en los plazos establecidos», explicó la magistrada.
Agregó que por primera vez en varios años, se está ejerciendo un control del cumplimiento de las reglas de conducta para los condenados y los que tienen salidas alternativas o condicionales en sus causas.
