Durante una sesión extraordinaria desarrollada a tambor batiente en las últimas horas del martes, la Junta Municipal de San Alberto con el voto de la mayoría de sus concejales que responden a la corrupción del intendente Carlos Alberto Ramírez López (ANR), declaró “personas no gratas” a dos concejales municipales y otros dos dirigentes sociales que denunciaron algunas irregularidades.
Los afectados por esta absurda resolución de la legislatura de San Alberto y su jefe comunal que responde a la línea política de los ladrones del clan Zacarías, son los concejales titulares Édgar Schotig (IND) y Lidio de Conto (PLRA), el concejal suplente Nilton Pereira (ANR-Añetete), el dirigente social Erondino Candia, y el abogado Ederson da Silva Godoy.
Todos ellos habían firmado una denuncia penal contra el intendente Carlos Ramírez ante la fiscalía zonal con sede en Minga Porã, ante las fuertes evidencias de corrupción y graves hechos ocurridos en la gestión del jefe comunal zacariista. Uno de los puntos tiene que ver con la venta fraudulenta de una camioneta Ford F1000, propiedad de la Comuna, hace ya un año y medio a un desarmadero de la ciudad.
El dinero de esta venta, 15.000.000 de guaraníes, no fue agregado al presupuesto municipal, por lo que constituye claramente hechos punibles de Apropiación, Lesión de Confianza, Estafa, y probablemente Producción de Documentos Públicos de Contenido Falso, ya que el intendente y su gavilla estarían actualmente fabricando documentos para justificar su fechoría.
De hecho, hace apenas algunos días “solicitaron” a la Junta Municipal “dar de baja” a esa camioneta, pero en realidad con presencia de escribana los concejales De Conto y Schotig ya constataron que fue vendida hace más de un año un medio. Solamente este hecho, obliga al Ministerio Público a imputar al intendente, lo cual no se ha hecho hasta ahora.
El corrupto intendente zacariista Carlos Ramírez también estaría detrás de “blanquear” la venta de un colectivo, propiedad municipal, cuya venta también ya había sido materializada pero no incluido el valor de su venta al presupuesto municipal. El concejal Edgar Schotig habló este miércoles con Radio Concierto de Presidente Franco sobre el tema y admitió que teme por su vida.
De hecho, los hurreros del intendente en las redes sociales desde ayer hicieron correr memes de los dos ediles denunciantes, en los cuales ambos aparecen como “perritos”, y otros en los que están con la cabeza desprendida del cuello. “Nosotros solamente denunciamos lo que está mal, porque los bienes que el intendente maneja no son de él ni de los concejales”, afirmó el legislador.
“Es muy triste lo que pasa de nuevo en San Alberto, aquí la gente conoce mi lucha (siempre denunció la corrupción en varios periodos), siempre estuve a favor de lo correcto y transparente. Los bienes públicos son de la gente, y nosotros somos contralores. Sé que mi vida y la de mi familia está en riesgo”, agregó Edgar Schotig.
“FIRMATÓN”
Supuestamente, 700 personas de San Alberto (según el intendente) “pidieron” a la Junta Municipal que declare “personas no gratas” a los denunciantes de la corrupción. Los afectados recogieron los documentos donde constan estas firmas, y las harán verificar si corresponden a las personas que figuran en el pedido, y si coincide con los números. A simple vista, se nota que varias de las firmas fueron hechas por una misma persona, por lo que podrían estar ante un caso de producción de documentos no auténticos y falsificación de firmas, y por los cuales los concejales deben ser también imputados.
