Los casos ya fueron descubiertos hace más de un mes, cuando los responsables de la oficina regional de la ANDE comenzaron a detectar algunas irregularidades en cuanto a los ingresos diarios, y por sobre cuando comenzaron a recibir consultas de algunos grandes usuarios que pagaron sus facturas con altos montos, pero que después recibieron igualmente sus facturas de “último aviso”.
Los esquemas para robar dinero de la Ande y de los usuarios, funcionan de manera distinta pero al mismo tiempo, de acuerdo a los primeros datos a los que pudieron acceder periodistas de Concierto. En uno de los casos, se tratan de falsificación de facturas, ya que en el momento del pago en efectivo de los montos por parte de los clientes, se emiten copias adulteradas de facturas con el sello de “pagado”.
En el otro caso, los responsables de este fraude que ya llegó a los 300.000.000 (trescientos millones) de guaraníes, llegaron a adulterar el sistema informático de la ANDE, para registrar legalmente los pagos de los usuarios, pero quedarse ellos con el dinero sin hacer ingresar a la caja de la entidad estatal.
El caso habría sido puesto a conocimiento del jefe regional de la ANDE en Alto Paraná, el Ing. Juan Rozzano, quien inmediatamente dispuso una investigación interna que terminó por identificar a los presuntos responsables de este hecho punible grave, ya que no se trata solamente de robar dinero de la entidad y de sus clientes, sino de la manipulación de un sistema informático que hasta entonces era un orgullo a nivel país por su inviolabilidad.
Varios son los nombres de funcionarios que están siendo investigados, ya que están en puestos claves desde los que acceden al dinero en efectivo que fue producto del pago de los usuarios por el uso de energía eléctrica. Las fuentes de la oficina regional dieron los nombres de Luz Brítez, Carol Escobar, María Elena Delvalle y David Agüero.
Todos ellos serían funcionarios contratados, y estarían siendo encubiertos por los jefes regionales teniendo en cuenta que en la actualidad están pasando por exámenes internos para ser nombrados en forma permanente, y están muy bien apadrinados. María Elena Delvalle incluso sería “la niña mimada” de algunos jefes regionales, y todos tienen también la protección de sindicalistas de Asunción, quienes tuvieron conocimiento del esquema.
La jefatura regional a cargo del Ing. Rozzano, estaría violando así la Ley 1.626 del Funcionario Público, que en su Capítulo IX, Art. 57, Inc. H, que señala claramente “denunciar con la debida prontitud a la justicia ordinaria o a la autoridad competente los hechos punibles o irregularidades que lleguen a su conocimiento en el ejercicio del cargo”, además de incurrir en hechos penales como frustración de la persecución penal y omisión de dar aviso de un hecho punible.
