Fue lo que refirió el concejal municipal de San Alberto Edgar Schotig, al hablar sobre la crisis política generada después que él y otro colega hayan denunciado al intendente Carlos Ramírez López ante la fiscalía por graves hechos contra el patrimonio público municipal.
El legislador está siendo perseguido junto a su colega Lidio de Conto, después de haber constatado que el jefe comunal zacariista haya vendido hace más un año y medio una camioneta, propiedad municipal, y no haber incluido en el presupuesto de gastos del municipio el importe de esa venta.
El dinero habría sido apenas unos 15.000.000 de guaraníes, y Carlos Ramírez hace dos semanas envió a la Junta el pedido de “dar de baja” el vehículo que él mismo vendió hace más de un año y medio. Los concejales denunciaron este hecho a la fiscalía, y desde entonces están siendo amedrentados y amenazados.
El martes, una turba integrada por funcionarios municipales y sus familias, fueron hasta la Junta Municipal tratando de impedir supuestamente que los concejales ingresen al predio para sesionar, y exigiendo la pérdida de investidura de los opositores Edgar Schotig y Lidio de Conto. “El 90% de ellos eran funcionarios municipales y sus familias”, ratificó Schotig.
“Les usan como escudo contra nosotros por denunciar la corrupción, ese es nuestro pecado, les quieren hacer jurar a los suplentes y por eso evitan sesionar, pero a nosotros la ley nos favorece, el juez Candia (Víctor) no otorgó una medida cautelar dando garantías de poder estar en la Junta, vamos a enfrentar a los inescrupulosos”, agregó.
El intendente, en lugar de dar explicaciones fundadas a su pueblo, prefiere la violencia y saca a una turba enardecida para amedrentar a quienes denuncian sus actos irregulares. En declaraciones a Concierto, el concejal oficialista Nelson Espínola (ANR) dijo que si había funcionarios entre los manifestantes, “eran apenas 5 o 6”; y que si el intendente vendió la camioneta en forma ilegal, era “por muy poco valor”.
