Después de más de un mes de escándalos en el municipio de San Alberto, al norte del departamento, se especula que dos concejales suspendidos retornarían a sus bancas durante la sesión semanal prevista para mañana a las 17:00 horas en el legislativo comunal.

Todo apunta a que ya se produjo un acuerdo, pese a que ninguna de las partes se haya manifestado al respecto, de manera a corregir los errores cometidos por el intendente Carlos Ramírez, en contubernio con el presidente de la Junta, Norberto González y otros seis concejales aliados del jefe comunal.

Sin embargo, otras voces, señalaban ayer que los concejales Sochtig y De Conto, ya fueron “marcados” por las autoridades luego de denunciar el robo de una camioneta Ford F 1.000, que desapareció de la sede comunal por espacio de más un año, sin que las autoridades dieran fin de ello, hasta ser ubicada en un desarmadero de ese distrito.

Este hecho les costó una voraz persecución elucubrada al margen de la ley por las principales autoridades, de la mano del tristemente célebre, concejal Nelson Espínola, (procesado por abuso sexual de su hijastra menor de 8 años), quien tendría intenciones de asumir la intendencia una vez que la fiscalía cumpla su rol e impute a los responsables del hecho.

Curiosamente, todos los indiciados son abogados, pero sus actuaciones totalmente irregulares en el proceso de suspensión de los denunciantes, les merecieron varias semanas de manifestaciones populares, pese a las que siguen ejerciendo presiones.

Los concejales fueron conminados por su presidente y el intendente, a retirar la denuncia formulada ante la fiscalía anticorrupción para recuperar sus bancas, pero éstos, hasta ayer se mantenían con firmeza en su denuncia que terminaría por sacar a la luz pública, otros hechos de corrupción.

El último de los robos cometidos por las autoridades, es el despojo de la dieta que le corresponde a los dos concejales denunciantes y su otorgamiento a un suplente que fue llamado y juró ante el pleno, mientras el otro convocado se negó al juramento, calificando el acto como fuera de la ley.

La administración de Carlos Ramírez en San Alberto, no resiste una auditoría medianamente seria, según se habla entre la población que espera ya una solución al problema que califican de estrictamente político y que vuelva la calma en la trabajadora comunidad del norte del departamento.