Y lo admiten también solapadamente, ya que al explicar que el expediente de la medida cautelar interpuesta por Sandra de Zacarías para no tratar el tema en la Junta haya recorrido casi todo el país, muestran su incapacidad por litigar y forzar a los magistrados a cumplir con su deber.
La medida que debía ser “de urgencia” ya lleva casi dos años, y el nuevo pedido de intervención con contundentes argumentos sobre corrupción y tragadas de la intendenta duerme en las gavetas del legislativo municipal.
El expediente judicial ya recorrió juzgados de otras circunscripciones judiciales, y la quietud de los asesores jurídicos y concejales no hacen suponer otra cosa sino una fuerte conspiración para que la intervención no salga, y el clan de ladrones quede en la impunidad para seguir manejando el dinero público en la Comuna.
La ciudadanía sale a las calles y endurece su pacífica guerra contra el clan Zacarías, pero asesores como Leonardo Ayala Balmoris y Agustín Urunaga, con la complicidad de los concejales de la oposición, truncan el sueño de los esteños por limpiar de la basura zacariista la institución que debía ser de todos.
