Unas 50 mujeres líderes del décimo departamento, participaron del Taller “Violencia Política – Definición, Identificación y Actuación”, a cargo de la experta internacional en violencia política contra las mujeres, Laura Albaine, organizado por la Dirección de Políticas de Género de la Justicia Electoral.

Las mujeres líderes participaron de un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje, acerca de una de las principales barreras para la participación política de las mujeres, abordando la violencia política por razones de género.

Este espacio de debate tuvo lugar en el Salón Mangoré de la Gobernación de Alto Paraná en Ciudad del Este, y contó la presencia de la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo y la directora de Políticas de Género, Laura Garbett.

La actividad se desarrolló con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo del Ministerio de la Mujer y la Gobernación de Alto Paraná.

En un movimiento que recuerda a las prácticas del antiguo clan Zacarías, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, convoca a funcionarios de la comuna para manifestarse a su favor. Es tras la solicitud de intervención presentada por el Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados.

La caravana busca contrarrestar los efectos de las crecientes denuncias por hechos de corrupción que afectan a la administración de Prieto.

La intervención solicitada por el Ejecutivo se basa en informes que apuntan a irregularidades en la administración de fondos públicos, contrataciones dudosas y prácticas clientelistas.

El documento fue remitido al Congreso Nacional, donde Diputados deberán analizar si existe mérito suficiente para designar un interventor.

El Poder Ejecutivo remitió oficialmente a la Honorable Cámara de Diputados un pedido de intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, las dos principales ciudades del país.

La solicitud fue presentada por el vicepresidente de la República en ejercicio de la presidencia, Pedro Alliana Rodríguez, y firmada por el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero.

El pedido se ampara en el artículo 165 de la Constitución Nacional y la Ley N.º 317/1994, que regula la intervención a los gobiernos departamentales y municipales. Según el documento, la medida se fundamenta en una solicitud previa de la Contraloría General de la República, así como en antecedentes que ya fueron adjuntados para evaluación parlamentaria.

La intervención municipal es una medida excepcional utilizada para restaurar el orden administrativo cuando se detectan irregularidades graves de corrupción.