De acuerdo a lo que señalaron a Concierto Digital algunos efectivos policiales que ya en la noche de este jueves participaban del allanamiento en el edificio Cosmopolitan del microcentro de Ciudad del Este, el ladrón Javier Zacarías Irún habría sido avisado sobre el allanamiento a ser practicado en su oficina, y ordenó que se quemen algunos papeles.
Ante la imposibilidad de no ser descubierto retirando documentos de su antigua oficina particular, el ahora senador investigado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros crímenes, habría llamado a sus más cercanos para deshacerse de algunos documentos de la Municipalidad de Ciudad del Este que no tendrían por qué estar en las oficinas particulares del marido de la intendenta.
De hecho, la propia Sandra de Zacarías había llegado al lugar en horas de la tarde y dijo que “siempre fue mi oficina de contadora”, adelantándose a cualquier pregunta molestosa que podría hacérsele después, ya que así intentaría justificar por qué algunos documentos públicos estaban en la oficina privada de su marido. Antes de ser intendente, no se conoce trabajo alguno que haya hecho en su profesión.
El incendio ocurrió en horas de la tarde, y la fiscal Claudelina Corvalán allanó el local entrada la noche, incautando una serie de documentos cuyos detalles no brindó a los medios de comunicación. La orden del allanamiento fue firmada por la Jueza Penal de Garantías Cinthia Garcete, y si bien se señala que es en el marco del incendio registrado horas antes, no se entiende qué el Ministerio Público podría buscar allí.
Horas antes, cuando fue sofocado el fuego, Javier Zacarías llegó al lugar y recriminó fuertemente al fiscal Julio César Paredes por su presencia allí. Le cuestionó el motivo de su intervención y la rapidez de su actuación. “Hay un muerto en las rutas y esperan hasta casi 24 horas para ser levantado por un fiscal y acá vienen en menos de 10 y 15 minutos. No sé qué buscan ni que quieren”, había fustigado.
La causa fue reasignada a la fiscal Claudelina Corvalán, quien allanó el lugar, pidió copia del circuito cerrado, pero no le permitieron acceder al material. La agente entonces recurrió a una orden judicial para verificar la oficina, ante la sospecha de que allí había varios documentos relativos a la Municipalidad de Ciudad del Este.