Es lo que volvieron a insistir desde el fin de semana los activistas y profesionales del Medio Ambiente en la zona norte del país, un mes después de haber saltado la primera denuncia contra la multinacional italiana “Colacem PY”, que se prepara para instalar una industria cementera en el departamento de Concepción, dentro de los límites de un Área Silvestre Protegida.
Se trata de la reserva ecológica de Tagatiya Mi, donde en muy poco tiempo se han depredado unas 200 hectáreas, de las 2.000 que tienen prevista de acuerdo a los informes obtenidos con trabajadores contratados para el efecto. Desde la denuncia hasta ahora, solamente han parado algunos días los trabajos de deforestación, pero después se ha reiniciado con todo.
Técnicos de la Conaderna (Consejo Nacional de Recursos Naturales del Congreso) estuvieron la semana pasada en los estudios de Radio Concierto y admitieron desconocer a profundidad el tema, ya que según dijeron, no ha llegado a esa instancia una denuncia formal, como sí lo tienen en el Ministerio del Medio Ambiente, hoy a cargo de Ariel Oviedo.
Desde las publicaciones de la web de Radio Concierto, el organismo medioambiental del Congreso de la Nación se abocó a pedir informes a Medio Ambiente, y otras entidades instaladas en el primer departamento del país, ya que llama la atención que los concepcioneros no estén movilizados contra este crimen ecológico que podría tener consecuencias nefastas para el país a corto plazo.
Lo cierto es que la inversión extranjera no se compadece de la naturaleza y el respeto al medio ambiente en nuestro país, y está violando abiertamente y con total impunidad 3 leyes ambientales. Son ellas, la Ley 352/94 “de áreas silvestres protegidas”; la Ley 3.001/2006 “de valoración y retribución de los servicios ambientales”; y la Ley 2524/2004 “de la prohibición en la región Oriental de las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques”, más conocida como la “ley de deforestación 0”.
Este crimen ecológico se está llevando a cabo y es tal que el proyecto está siendo evaluado por el Ministerio de Ambiente con el Nº de expediente 16372/2018, y con dictámenes negativos por los técnicos evaluadores, viendo y conociendo cual es el terrible objetivo de destruir dicha reserva natural que nos brinda mejores condiciones de vida en el presente, pero sobre todo a las futuras generaciones.
