El fiscal Edgar Torales presentó imputación contra la directora de la guardaría «Semillitas de Amor», Mirna Damacia Lezcano Duarte,  y las profesoras Sonia Cano Salinas y Natalia Gabriela Garcete, por el supuesto hecho punible de Maltrato de Niños y Adolescente Bajo Tutela. La representación pública solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión.

La denuncia sobre el hecho fue radicada por Pablo Sánchez y Rebeca Aguilera, quienes manifestaron que el 13 de febrero último, a las 08:30 horas aproximadamente, llevaron a su hijo de 1 año y 9 meses a la referida institución, que funciona en el barrio San José de Ciudad del Este, donde lo dejaron por cuestiones laborales. Luego, a las 16:30 horas, cuando fueron a retirar al pequeño, lo encontraron en llanto y con el rostro totalmente colorado de tanto llorar.

Luego, el menor al llegar a la casa se durmió y al despertar la madre quiso bañarlo, pero al sacarle las ropas encontró hematomas en ambos brazos, que serían rastros de la mano de un adulto, además de moretones en la región lumbar y en las rodillas. Los padres,  asustados, trasladaron inmediatamente al niño hasta el Hospital Regional, donde fue atendido por la doctora Gladys Coronel, quien confirmó que hubo maltrato infantil. 

Los padres de la víctima, al día siguiente, reclamaron el hecho a la directora de la institución, Mirna Lezcano, pero la misma no pudo justificar lo ocurrido, incluso se mostró prepotente. A raíz esto, radicaron la denuncia en la Fiscalía. Luego, la fiscal Vanesa Candia, quien intervino inicialmente en el hecho, allanó la guardería y requisó documentos y cámaras de circuito cerrado, en el marco de la investigación.

El menor igualmente fue inspeccionado por la médica forense del Ministerio Público, Raquel Cáceres, quien constató diversas lesiones en distintas partes del cuerpo. Al parecer, el niño además de ser golpeado, habría sido obligado a arrodillarse en el piso.

Finalmente, en base a las evidencias obtenidas, el fiscal Edgar Torales, quien tomó luego la causa, inició el proceso penal contra las supuestas responsables del maltrato infantil, y requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión.