Desde hace varias semanas que la confrontación entre ambas entidades viene teniendo espacios en los medios de comunicación, y aparentemente está llegando a su punto culminante. La situación explotó cuando inicios de febrero, la Fiscal General del Estado recurrió a la Corte solicitando que sus gestiones no sean auditadas por la Contraloría, y si por el Tribunal de Cuentas, igualito que el clan Zacarías.
Sandra Quiñónez, en una actitud que es el calco de las gestiones públicas del clan Zacarías en Alto Paraná, así recurre a un organismo que no está habilitado para estas auditorías de gestión, claramente con el fin de lograr impunidad. Y precisamente de eso habló ayer el Contralor General de la República Enrique García.
Sostuvo que existen dentro del organismo a su cargo, 35 informes sobre supuestos hechos de corrupción, fruto de las investigaciones de la institución, que están “cajoneados” en el Ministerio Público. Explicó que entre el 2016 al 2018 remitieron 35 informes sobre supuestos hechos de corrupción a la Fiscalía.
Sandra Quiñónez respondió a esta aseveración de García, indicando que “la gran mayoría de estos casos están en trámite y con fiscales designados”, sin señalar que prácticamente no tienen diligencias realizadas, tal cual sucede con los expedientes que afectan al clan Zacarías.
Entre los casos que presentó la Contraloría está una denuncia contra la Senavitat (lo que hoy es Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat) por un daño patrimonial de G. 3.000 millones presentada el 4 de abril del 2016; otra contra el Indert por un daño de G. 2.000 millones que fue entregado el 14 de octubre del 2016; sigue con una acusación en contra de la Gobernación de Central por un faltante de G. 2.000 millones que llegó a la Fiscalía el 5 de abril del 2017.
La lista continúa con una denuncia contra el Ministerio de Salud por un supuesto desfalco de G. 17.000 millones presentado el 12 de diciembre del 2017. También está un informe que mancha al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por un saldo en rojo de G. 3.000 millones, presentado el 29 de noviembre del 2018. Finalmente, entre las decenas de casos, citaron que hay uno en contra de la ANDE por un posible daño patrimonial de G. 11.300 millones.