Para esta semana está prevista la declaración testifical de dos personas que fueron llamadas por el Ministerio Público respecto a las denuncias publicadas por Radio Concierto y Concierto Digital, ante la probable tala indiscriminada de añosos árboles nativos en la reserva natural de Tagatiya Mi, dentro de los límites del distrito de San Alfredo, en el departamento de Concepción.
El fiscal de Medio Ambiente que se encuentra investigando el caso, respondió anoche a algunas consultas de este medio, y confirmó que uno de esos testigos es el mismo intendente de esa localidad del primer departamento, Carlos Ramón Pérez.
Precisamente los vecinos de la zona denunciaron que ese jefe comunal estaría siendo clave para blanquear a quienes fueran responsables de la tala, y que tiene en el fondo la intención de enajenar esa reserva natural, para entregarlo a una cementera italiana para su explotación.
El fiscal Carlomagno Alvarenga explicó a Concierto que poco después del allanamiento en el mes de febrero, ya había llamado a los directivos de la empresa AGROPOZO, propietaria del inmueble de más de 60.000 hectáreas, pero su presidente, Víctor Yambay, había presentado un certificado de reposo de 30 días, argumentando que salía de una reciente cirugía. Hace algunas semanas fue citado de nuevo, pero respondió con una constancia de denuncia realizada por él ante autoridades policiales de la zona, ofreciendo las testificales de un efectivo policial, y el intendente de San Alfredo.
Según el fiscal, Yambay sostiene que la tala selectiva que había sido descubierta durante la intervención de febrero, estaba siendo llevada adelante por desconocidos. Alvarenga admitió que abrió una investigación en virtud a nuestras publicaciones, indicando que hicieron un recorrido en parte de las 29.000 hectáreas afectadas a la reserva, que constituyen el Área Silvestre Protegida, reconocida por un decreto del Poder Ejecutivo en el año 2015.
“Nosotros accedimos a la resolución del MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible), y esa área protegida está perfectamente delimitada, hicimos un mapeo, y NO HAY DESMONTE ALLÍ. Después nos constituimos en el lugar, hicimos un recorrido, el área de la reserva tiene 29 mil hectáreas y es grandiosa. Allí encontramos que existe lo que nosotros llamamos TALAS SELECTIVAS, las cuales también son ilegales por ser una reserva, y buscamos identificar a los responsables”, afirmó el fiscal Carlomagno Alvarenga, a Radio Concierto.
Explicó que además del presidente del directorio de la empresa AGROPOZO, está llamando a otros directivos para prestar declaración testifical. Preguntado si tiene conocimiento de la intención de venta de esas tierras que forman parte de Área Silvestre Protegida, el fiscal sostuvo que indagó personalmente al respecto, pero nadie le confirmó.
Explicó claramente sin embargo que en caso de que el área de la reserva se proceda a la venta hoy, los compradores no lo podrán explotar como cantera para una cementera hasta el 2020, ya que el decreto de su protección es válido por 5 años, desde el 2015 hasta el 2020. De sus afirmaciones se puede colegir que desde el año que viene, si deliberadamente los dueños no piden la renovación de la declaración de Área Silvestre Protegida, los eventuales compradores lo podrán explotar para la cementera.
Al final, desde Concierto, también interpretamos que el ofrecimiento de testificales del intendente y un efectivo policial, están destinados al blanqueo del directorio de AGROPOZO, que así se lava las manos para luego vender la reserva a los italianos, que no harán otra cosa sino depredar el medio ambiente en Concepción, para beneficio empresarial de ellos.