La denuncia está hecha ante el Ministerio Público, y primariamente es contra los invasores, por el hecho punible de Aprovechamiento Clandestino de una Prestación (conexión clandestina de energía eléctrica). La propiedad reconocida en la Dirección General de los Registros Públicos como Finca 635 tiene una extensión de 15 hectáreas, y es propiedad de la urbanizadora LMJ SA.
La invasión, que hoy son las fracciones “Macarena I y II” ya data de unos 15 años, y fue apadrinada por el clan Zacarías, de acuerdo a los datos recogidos por Radio Concierto. La denuncia fue realizada por los dueños de la propiedad en su momento, pero los expedientes, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial siempre estuvieron cajoneados en virtud a las influencias del clan de ladrones que destruyó la ciudad en las últimas dos décadas.
Lo que sí está confirmado, es que la propiedad cuenta con título, y que el propio Ministerio de Educación y Ciencias en el año 2017, a través del entonces ministro Enrique Riera, reconoció ante la Itaipú Binacional la irregularidad de la ocupación, al solicitarle que se “subsane” esa situación pues la escuela “Luis María Argaña” asentada en el lugar, tiene un título fraudulento.
El abogado Enrique Ferreira, representante legal de la urbanizadora LMJ SA, estuvo en la mañana de este martes en los estudios de Radio Concierto hablando del tema, y ratificó que los dueños de la finca están en el camino de la recuperación de la finca, y comenzaron con la denuncia ante la fiscalía, solicitando un informe a la ANDE, con la identificación de los nombres de las personas que son titulares de los medidores del consumo de energía eléctrica.
La denuncia es por ahora contra ellos, por un delito menor, pero todos ellos irán siendo llamados para señalar si en virtud a qué documentos ingresaron a la propiedad hace más de 15 años, para luego completar el círculo. “Esa gente que está en el lugar, en las fracciones Macarena I y II, debe entender que está ahí ilegalmente, e incurrieron en el hecho punible de aprovechamiento clandestino de una prestación”, dijo el profesional, al aclarar que tendrán que ser imputados, pues el delito está a la vista.
En su momento, la propia intendenta Sandra de Zacarías había señalado que ella “donó” el predio que hoy es la escuela, y por tanto también tendrá que ser llamada a indagatoria. El documento más contundente, además del título de propiedad, es que el propio MEC reconoce que la escuela está dentro de una invasión, y por tanto si no es desalojada, tendrá que ser reconocida con resarcimiento a sus legítimos propietarios.