En sede del Ministerio del Interior, se llevó a cabo una nueva reunión técnica entre autoridades de esta Cartera de Estado y especialistas de la Fundación ‘Paz Ciudadana’ de la República de Chile, a los efectos de avanzar en diversos aspectos normativos y legales, para la implementación en nuestro país de dispositivos electrónicos de control para personas sujetas a procesos penales.

Los consultores del país trasandino ven auspiciosa la implementación de dichos dispositivos, como una forma de racionalizar la población en las cárceles.

Según explicó Ana María Morales, directora del Área Justicia y Reinserción de la Fundación ‘Paz Ciudadana’, en el marco legal chileno se tiene contemplado el monitoreo electrónico de personas condenadas, y en Paraguay está regulado en términos bastante amplios.

“La regulación lo permite, no solamente para presos preventivos como alternativa al arresto domiciliario (para el control del arresto domiciliario), sino para las hipótesis de condena; sin embargo, efectivamente hay ciertas hipótesis que contempla la Ley actual que restringe su aplicación, particularmente en el caso de los condenados”, puntualizó Ana María Morales en este sentido.

Calificó de muy importante la reciente modificación del Código Procesal Penal, en lo que refiere al Artículo 245, lo que permitirá una utilización bastante amplia de dicha herramienta respecto a aquellas personas que están a la espera de juicio en libertad, en presunción de inocencia.

Concluyó que la medida logrará que efectivamente una cantidad importante de la población podrá esperar juicio bajo un control satisfactorio con el monitoreo electrónico.

Además de Ana María Morales, también participaron de la reunión Ulba Figeroa, investigador del Área Justicia y Reinserción de la Fundación ‘Paz Ciudadana’; el director general de Gabinete del Ministerio del Interior, Fernando Álvarez; el director general de Planeamiento y Control, Humberto Insfrán; el director general de Asesoría Jurídica, Ramiro Ocampos; el coordinador general de la Unidad Ejecutora de Programa (UEP), Javier Fernández Sosa, entre otras autoridades.

La reglamentación del marco normativo se realiza en conjunto con otras instituciones, como el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública, bajo la coordinación y el liderazgo del Ministerio del Interior.

La implementación de este nuevo sistema de control será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo.