El Procurador General Sergio Coscia y miembros de la Unidad Penal de la PGR acompañó un procedimiento judicial realizado por la Jueza Penal de Ejecución de Pedro Juan Caballero Sandra Farías, quien se constituyó en la sede del Grupo Aerotáctico, de la Fuerza Aérea Paraguaya para la verificación de cuatro avionetas que eran utilizadas en actividades relacionadas con el narcotráfico y que habían sido incautadas en el marco de la causa “Carlos Antonio Viveros y otros sobre posesión y tráfico de drogas y otros”.
La Jueza, quien había realizado el procedimiento de ejecución de la orden de comiso de las referidas aeronaves, acudió a la sede del Grupo Aerotáctico de la Fuerza Aérea Paraguaya, a los efectos de realizar una constitución e inscripción a nombre del Estado paraguayo las cuatro avionetas.
La diligencia realizada por la Jueza contó con el acompañamiento de funcionarios de la Procuraduría General, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, quienes se encargaron del trabajo técnico de inscripción.
Es importante mencionar que Jorge Teófilo Samudio (Samura), está imputado en el marco de la causa mencionada. El mismo fue rescatado ayer por varios hombres fuertemente armados en la Costanera Norte de Asunción, donde falleció el comisario Félix Ferrari, subjefe de la Comisaría 1ª Metropolitana, quien custodiaba el vehículo del traslado de internos del Ministerio de Justicia, que transportaba a Samura y a otros ocho reclusos.
Cabe destacar que las cuatro avionetas incautadas en fecha 06 de mayo de 2011, durante un procedimiento en Misiones son provenientes del narcotráfico, y debido a las chicanas jurídicas que se interpusieron recién ahora pudo concretarse la inscripción a nombre del Estado.
El Procurador General Sergio Coscia, calificó de muy importante el procedimiento ya que permitió inscribir a nombre del Estado paraguayo, por primera vez aeronaves incautadas del crimen organizado, por un valor aproximado de 2 millones 500 mil dólares.
Con estas acciones el Estado paraguayo enfrenta y debilita la parte logística de las organizaciones criminales, y efectiviza su política de recuperación de activos.
