Autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, en una mesa con empresarios rurales, consensuaron dejar sin efecto el protocolo actual que era utilizado en procedimientos de desalojo de inmuebles invadidos.
La medida responde a poder aplicar las leyes de manera inmediata y brindar garantías a los propietarios, informó el Ministerio del Interior.
Según explicó el ministro Juan Ernesto Villamayor, las autoridades coincidieron en que este protocolo, de origen no legislativo, “retarda innecesariamente el accionar de los organismos del Estado”.
El protocolo en cuestión crea normas procesales suplementarias no previstas en la norma de fondo, por lo que se resolvió dejar sin efecto el mismo para los procedimientos de desalojo de inmuebles invadidos.
Se retorna a la aplicación exclusiva de la norma con la responsabilidad que tiene que asumir cada institución del Estado en dicho proceso, como la responsabilidad que asume la Policía Nacional con el Ministerio del Interior, la responsabilidad que asumen los agentes fiscales con la Fiscalía General del Estado y la responsabilidad que tiene el Poder Judicial con la Corte Suprema de Justicia, agregó el ministro Villamayor.
La reunión tuvo lugar en el Poder Judicial con presencia del presidente de la Corte Suprema, Eugenio Giménez Rolón, la fiscal general Sandra Quiñónez, el ministro Villamayor, así como el presidente de la ARP, Luis Villasanti, de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), Gustavo Volpe, y representantes del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General y de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).