El Ministerio Público, representado por los agentes fiscales Olga Melgarejo y Carlos Almada, obtuvo una condena de 18 años de pena privativa de libertad para una mujer que fue hallada culpable por abuso sexual en niños. Resultaron víctimas sus dos hijas menores, de 6 y 13 años de edad, respectivamente. El juicio oral y público se llevó a cabo en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

Según los antecedentes, la sindicada mantuvo en reiteradas ocasiones relaciones sexuales con su pareja frente a las niñas, tanto en la vivienda familiar ubicada en el kilómetro 10 Monday de Ciudad del Este donde vivían y también en la cabina de un camión durante los viajes que realizaban. 

Los hechos se produjeron desde mayo de 2019 y en fechas posteriores, pese a que la más grande le pedía a su mamá que dejaran de mantener los encuentros sexuales en presencia de ellas.  Sin embargo, la pareja seguía realizando estos actos, que evidentemente eran dirigidos a las menores. 

Además su novio había manoseado varias veces a las menores, según se pudo confirmar posteriormente.

Al tener conocimiento de estas agresiones, el padre de las pequeñas radicó inmediatamente la denuncia contra su expareja y el novio. Luego, los dos involucrados fueron procesados. 

Primeramente fue juzgado el hombre y condenado a 20 años de pena privativa de libertad en un juicio oral anterior. Entre tanto, ahora, la madre fue sentenciada a 18 años de pena carcelaria por un Tribunal conformado por los jueces Óscar Gabriel Genez, Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo.

En el marco de la campaña «Octubre Rosa», se realizó una destacada jornada de atención integral a mujeres en el Puesto de Salud de San Cristóbal. En el evento, 71 mujeres de la comunidad accedieron a ecografías mamarias, servicios de diagnóstico y prevención.

En la oportunidad se llevó la clínica móvil de diagnósticos en donde se realizaron 20 ecografías mamarias y gracias al apoyo del Dr. William Becker de Ecoclinic, se realizaron 51 ecografías mamarias más. La coordinación fue clave entre los funcionarios del Puesto de Salud y la Unidad de Salud de la Familia, quienes trabajaron de manera conjunta para garantizar la atención eficiente de todas las usuarias.

Además de los estudios mamarios, se realizaron 15 tomas de test del Virus del Papiloma Humano (VPH), 17 pruebas de Papanicolaou, 11 test rápidos para la detección de VIH, sífilis y hepatitis B. También se administraron vacunas del esquema regular de vacunación.

El director del Puesto de Salud de San Cristóbal, Dr. Rodrigo Salinas, recibió con entusiasmo a los profesionales y la comunidad, destacando el compromiso de las autoridades locales. En el evento participaron la directora de la Décima Región Sanitaria, Dra. Noelia Torres, el intendente municipal, Sr. Valcir Pelizza, el presidente de la Junta Municipal, Sr. Joel Rosato, y todo el equipo de salud del Puesto y la USF de San Cristóbal, quienes hicieron posible esta exitosa jornada.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos por concienciar y prevenir el cáncer de mama, y fortalecer la atención a la salud integral de las mujeres en la región.

Los agentes fiscales Silvio Corbeta Dinamarca, Alma Zayas Acevedo y María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron acusación en contra de Miguel Prieto, intendente municipal de Ciudad del Este y de otras 10 personas, en el marco de la causa sobre lesión de confianza y otros, por el cual se encuentran procesados. Estas personas son acusadas de formar parte de un esquema de corrupción pública que manipulaba las licitaciones y adjudicaciones en detrimento de la comuna.

En relación a la causa, Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Alvarez, son acusados por la comisión del hecho punible de lesión de confianza, administración en provecho propio, ambos en calidad de coautores, y de asociación criminal, en calidad de autor para Miguel Prieto y para Francisco Arrúa, en calidad de coautor.

En el caso de los demás procesados identificados como:  Buena Ventura Morínigo,  Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán,  Alex Samhat, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo, por la comisión del hecho punible de lesión de confianza, administración en provecho propio, ambos tipos penales en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

Conforme a las investigaciones, Prieto Vallejos, desde la intendencia municipal de Ciudad del Este, supuestamente encabezó un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución administrada por su persona, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna.

Presuntamente, este grupo estaba compuesto por varios funcionarios que ocupaban “cargos de confianza” designados por el propio intendente en uso de sus atribuciones conferidas, en puestos claves decisorios y directivos que le permitirían promover, convocar, manipular las adjudicaciones a su antojo y pagar las licitaciones a las empresas del su entorno. 

Estos funcionarios designados por el jefe comunal, que a su vez ocupaban una posición jerárquica dentro de la Municipalidad, poseían facultades de mando, coordinación y cierto poder de autodecisión, es decir, podían tomar decisiones de dirección y de control sobre todo en lo concerniente al procedimiento administrativo de las licitaciones y compras públicas promovidas por la intendencia municipal, por ende, tenían la posibilidad de tomar determinaciones que inciden positivamente en favor de una correcta administración de los recursos y aun así no lo hicieron, conforme a lo planificado por los mismos.

En tal sentido, existía una relación de interdependencia entre el intendente municipal y estos funcionarios de confianza designados por su persona, por lo que para lograr el cumplimiento de la finalidad común establecida la cuál era la de ocasionar un perjuicio económico a la comuna, necesariamente debían estar de acuerdo entre sí, y eso fue posible determinar gracias a la concatenación de actos de una u otra dependencia ocupada por diferentes funcionarios las cuales denotan abiertamente que se encontraban dirigidos a la adjudicación y facilitación de la contratación de una empresa de preferencia del Intendente Municipal.

Por ello, es que estas personas que, si bien tenían funciones propias con cierta autonomía decisoria dentro del municipio, ejercieron roles determinados los cuales consisten en cumplir con el propósito delineado, aunque ello signifique dictar determinaciones o realizar actos que atenten contra los mismos intereses municipales, a pesar de sus obligaciones y deberes como funcionarios de cualquier administración pública.