Los agentes fiscales especializados anticorrupción, Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero, realizaron allanamientos en prosecución a la investigación por presuntos hechos de lesión de confianza y otros en la comuna de la capital del Alto Paraná.

Los denunciantes señalan que los hechos irregulares habrían ocurrido entre los años 2019 y 2022.En la jornada de este jueves, la agente fiscal Marlene González intervino de la empresa TransJoa, presunta transportadora de los kits para las ollas populares, ubicada en la localidad de Presidente Franco, en busca de elementos y documentaciones relacionadas al suceso investigado.

La misma figura a nombre de Adriana Pérez y interviniente fue recibida por Marcos Galeano, (esposo de la mujer) quien se puso a disposición y refirió que facilitará los documentos referentes a las fechas indagadas.

En ese sentido informó que su oficina fue trasladada en las inmediaciones, sin embargo, accedió a que la comitiva se constituya en ese lugar y proceda a verificar los documentos.Por su parte, en torno al caso; los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero allanaron las oficinas de MB Construcciones, también en busca de medios probatorios.

De acuerdo al informe de la comuna se habían realizado pozos artesianos y empedrados, pero que según la denuncia no existen.

La diputada colorada Bettina Aguilera es indudablemente la más improductiva ya que se ha destacado por desaparecer tras su asunción al cargo.

Aguilera se ha destacado por ni siquiera atender el teléfono a los dirigentes que han trabajado por su candidatura.

El sábado pasado, integrantes de su comité político decidieron dar por terminado el vínculo político.

“Aclaramos que no existe ningún rose ni otro tipo de discordia con la misma. Sino más bien por la falta de comunicación y muestra de desinterés por parte de la diputada y su entorno político para con la dirigencia esteña”, dice el comunicado.

Y es irracional, inadmisible, y hasta repugnante, que un intendente cuya gestión administrativa apesta, no esté hoy en la lista de las municipalidades del Alto Paraná que “no son transparentes”, tal como lo tiene la Contraloría General de la República al catalogar a municipios que respetan la Ley de la Transparencia.

Radio Concierto publicó hace apenas algunos días, que el intendente de Ciudad del Este “responde” a los requerimientos de los ciudadanos que recurren a la Ley de Transparencia ante la falta de respuestas a sus requerimientos en la institución municipal, pero para la Contraloría “no es importante” el contenido de esas restas que da Miguel Prieto.

Es que, en todos los casos, cuando es consultado sobre los detalles de los gastos municipales puntualizados por los contribuyentes, Prieto responde que “no puede responder” esa consulta, y eso para la Contraloría “ya es una respuesta”, y es así que contestando “no te puedo responder”, ya lo hace merecedor de estar entre los municipios que “sí son transparentes”.

Pareciera absurdo, y a veces se pudiera decir que “es para reír”, pero en realidad no es para reír. Radio Concierto publicó hace días nomás, que Prieto emitió resoluciones para justificar este oscurantismo que la Contraloría le llama “transparencia”, mostrando cómo las autoridades que roban al pueblo pueden actuar con tanta impunidad, y como en este caso, hasta con el apoyo del organismo que los debe controlar.

Por ejemplo, por Resolución 7028 del 17 de julio de 2024, el intendente de Ciudad del Este “desestima” la solicitud realizada a través del portal unificado de información pública, sobre detalles de pagos por licitaciones de alimentación escolar. O sea, la Contraloría Ciudadana pidió saber detalles de esas licitaciones, pero el corrupto de Prieto sí responde, pero les dice que “no puedo responder”, tal como el amable lector puede apreciar en los documentos adjuntos.

Esa misma fecha, el 17 de julio de 2024, por resolución 7029, el doblemente imputado intendente de Ciudad del Este también desestima otro pedido de la misma entidad de control ciudadano, también por licitaciones de alimentación escolar con recursos del Fonacide. Doce días después, el 29 de julio de 2024, Prieto emite la resolución 7147, por el cual también rechaza otro pedido de informes sobre otro procedimiento de Contratación, y en todos los casos, utilizando el mismo argumento:

“Que el solicitante no tiene por objeto la obtención de documentos, ya sean originales o copias, ni tampoco es un medio para munirse de pruebas documentales, ni se sustituir actividades probatorias apropiadas, para todo lo cual el Derecho Procesal Penal tiene sus mecanismos o vías específicas, por lo que el pedido resulta improcedente”.

Indefectiblemente, al doblemente imputado intendente de Ciudad del Este, le molesta el pedido de transparencia, tal como ya lo mostraron semanas atrás sus lacayos concejales de la Junta Municipal, quienes ante la lectura de una minuta donde se pide informes sobre los “asesores” que cuestan al contribuyente más de 230 millones de guaraníes al mes, dejaron sin quórum la sesión para que el tema no sea tratado, y no se le de entrada. Pero para la Contraloría, ESTOS LADRONES SON TRANSPARENTES.