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Confirman condena para asesinos de Naydelin

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El Ministerio Público, representado por la fiscal Vanesa Candia, logró la confirmación de la condena de 40 y 25 años de pena privativa de libertad a los asesinos de la niña Naydelin Elizabeth Martínez González (7), crimen ocurrido en febrero de 2020 en la zona de Minga Guazú. Ellos son Héctor Eduardo Martínez Núñez (25) y su madre Limpia Concepción Núñez Goiburú (50), quienes se encuentran recluidos.

El Tribunal de Apelación, Segunda Sala, conformado por los jueces Mirian Meza de López, Efrén Giménez Vázquez y Lilian Lorena Benítez, confirmó la sentencia definitiva Nº 120, de fecha 8 de setiembre de 2021, dictada por el Tribunal Permante Nº 4, integrado por los jueces Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo.

La condena en primera instancia se dictó en la madrugada del jueves 2 de setiembre de 2021, en la sede del Poder Judicial de Ciudad del Este, tras largas deliberaciones. En aquella oportunidad, ambos acusados fueron hallados culpables por los hechos punibles de Homicidio Doloso en su forma agravada y Detentación-Violación de Ley de Armas.

Héctor Eduardo recibió la pena máxima prevista en la legislación, que es de 30 años de cárcel, más 10 años de medida de seguridad. Mientras, que Limpia Concepción fue sentenciada a 25 años de prisión.

Según antecedentes, el 29 de febrero de 2020, entre las 17:50 y 18:00 horas, el joven había raptado a la niña de 7 años de la vía pública del barrio Kavure’i del kilómetro 16, a unos 3 mil metros de la Ruta Nº 2, del distrito de Minga Guazú.

Seguidamente alzó a la menor a un automóvil Toyota Premio, de color gris azulado, y la llevó hasta el kilómetro 26, a unos 15 mil metros de la carretera, y a unos 1.000 metros de la granja San Sebastián, donde residían los ahora sentenciados.

En el lugar, Héctor Eduardo con ayuda de su madre ató del cuello y las piernas a la menor con un cable de USB y posteriormente procedieron a incinerar a la víctima, quien en ese momento se encontraba con vida y falleció a consecuencia de las quemaduras sufridas, según el resultado de la autopsia. El sitio para consumar el asesinato fue previamente preparado por los homicidas.

El brutal crimen fue planeado por Héctor Eduardo en venganza contra su expareja, quien es tía de la menor, porque la misma había cortado la relación amorosa luego de sufrir diversos tipos de violencia, según se probó durante el juicio oral.

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Entregan certificados a egresados en Diplomado en Periodismo de Datos

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La Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este (FAFI-UNE) entregó los certificados de aprobación del curso de postítulo de actualización denominado “Diplomado en Periodismo de Datos y Fact Checking”, organizado con la Universidad Nacional de Avellaneda de Argentina.

El acto se realizó en el salón Ñasaindy de la FAFI-UNE y estuvo presidido por la Decana, Prof.  Dra. Paola Sánchez de Vergara, y el Director de Posgrado, Prof. Mag. Pablino Jara.  Cabe recordar que los egresados de la carrera de Ciencias de la Comunicación de esta casa de estudios obtuvieron media beca por parte de esta institución para acceder al curso.

Las clases se desarrollaron los sábados, a través de la plataforma Google Meet, y estuvo a cargo del profesor Damián Profeta. Participaron periodistas de Paraguay y Argentina.

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Concejales denuncian a Nelson Cano por pagar G.3.900 millones por propiedad que es municipal

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La denuncia fue presentada primeramente ante la Contraloría General de la República y posteriormente a la propia Fiscalía General del Estado, que a su vez derivó el expediente a la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción.

El documento habla de la comisión de hechos punibles de Lesión de Confianza, producción inmediata de documentos púbicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, declaración falsa, asociación criminal, cohecho pasivo agravado, y peculado por celebración indebida de negocios jurídicos, a nombre de la Municipalidad de Hernandarias.

Está denunciado como autor de estos hechos, el intendente municipal de esa ciudad Nelson Emiliano Cano Ozuna, y sus eventuales cómplices que serían funcionarios y concejales. Se trata del sonado caso de la “compra” de una propiedad que dicen ellos, es de una iglesia denominada “Iglesia de Dios en el Paraguay”, pero que según los Registros Públicos es una propiedad municipal.

La denuncia cita que ya en 2017, el entonces intendente Rubén Rojas estuvo a punto de “comprar” la misma propiedad, pero porque la finca estaba en medio de un conflicto judicial, no pudo hacerlo con su representante, Paulino Lorenzo María López. Sin embargo, apenas llegó Nelson Cano a la intendencia, removió el inconcluso negociado de su antecesor, probablemente inducido por personajes que conocían del tema.

Solo que “la oferta” que recibió Cano de la mencionada iglesia, no era de 100 millones de guaraníes sino de 845.250 dólares americanos, que al cambio actual son de más de 5.000 millones de guaraníes. Como la Municipalidad de Hernandarias no tenía ese dinero, urgía a Nelson Cano y su grupo de concejales cómplices, pedir un préstamo bancario, lo cual aprobaron a tambor batiente en la Junta, ya que tienen mayoría.

Entonces es que materializaron la compra de un terreno que en verdad es propiedad municipal, y por el cual no podrían haber pagado un solo guaraní, según los términos de la denuncia. Finalmente, acordaron el pago de 3.619.490.000 (tres mil seiscientos diecinueve millones cuatrocientos noventa mil) guaraníes, de parte de la municipalidad de Hernandarias a la iglesia “de Dios en el Paraguay”, que por cierto mantiene conflictos internos judiciales hasta ahora y podría haber demandas por la posesión de la finca “vendida” a la Comuna.

La denuncia está firmada por los concejales Nilda Venialgo de Serafini y Germán Ibarrola Ozuna, quien formaban parte del movimiento político que llevó a la intendencia a Nelson Cano, y hoy están alejados por los groseros actos de corrupción en los que cayó el ahora jefe comunal. Ambos piden la imputación del intendente y sus cómplices, y la realización de las diligencias pertinentes para llevar todos ellos a una posterior acusación y juicio oral público, por tipos penales que tienen altas penas carcelarias.

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Diputados deroga convenio que financia el programa de transformación educativa

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Tras un extenso debate, el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, dio media sanción al proyecto de ley “Que deroga la vigencia de la Ley 6.699/20, que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Paraguay, para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay y sus Anexos”.

La exposición de motivos explica que el proyecto de transformación educativa fue rechazado, desde un principio, por la ciudadanía, debido a varios motivos, entre los que cita la no inclusión de los padres de familia en un comité con bastante protagonismo.

“Los padres son los primeros garantes de los hijos, según establece la Constitución”, expresa el documento, al reafirmar la necesidad de derogar la norma.

Señala que solo después de muchas críticas y exigencias, se incluyó, en junio de 2022, a un representante del sector.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA-Capital), fue una de las primeras en pronunciarse, pero manifestó negativa con respecto a la derogación.

Señaló que el convenio apunta exclusivamente al apoyo presupuestario, y no como dicen algunos sectores que denuncian aspectos de género y otras cuestiones.

Explicó que es una Ley de 38 millones de euros, de los cuales 21 millones se destinan al Ministerio de Educación, como apoyo presupuestario que debe ser distribuido en tres partes, de las cuales dos ya fueron ejecutadas.

Según informes de la Comisión Bicameral de Presupuesto, según destacó, hasta el día de hoy, de los 21 millones de euros, una parte ya fue utilizada y restan por usarse 12 millones, aproximadamente.

Acusó que cierto sector sembró pánico acerca de la inmoralidad, lo cual perjudicó la imagen de este plan, pero que nada de eso es cierto.

“Son mentirosos e hipócritas, por lo que le pido a la ciudadanía que me crea: ese plan sigue vigente; la ley que van a derogar no pierde nada; al contrario, no se va a poder pagar deudas”, dijo.

En contrapartida, el congresista Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), en su carácter de proyectista, insistió en derogar la ley porque, según afirmó, “es una legislación perversa e indigna para niños y jóvenes”.

“Debemos madurar, no hay que comprar espejitos que vienen en forma de donación, que trae enlatados la ideología de género y otros temas. Si es necesario, hay que devolver la donación”, refirió Núñez.

Acotó que el convenio y sus temas relacionados, en realidad, quieren transferir la patria potestad de los padres.

Para el legislador Raúl Latorre (ANR-Capital), la derogación de la ley responde a convicciones fundamentales y al clamor popular.

“Con la media sanción vamos a trasmitir un mensaje claro y contundente de que vamos a defender la soberanía de nuestro país y que no vamos a permitir que ideologías foráneas atenten contra el espíritu de nuestra nación y el corazón de nuestros niños”, aseguró.

La parlamentaria Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), adelantó su voto a favor del proyecto al hablar del respeto a la familia tradicional y a la vida.

Enfatizó que no debe ser una organización internacional la que, con un folleto, instale este tipo de cosas.

Politización

La parlamentaria Norma Camacho (PEN-Central), a su turno, lamentó que este tema se haya politizado. Habló de que esto se debe, en gran medida, a las internas del partido de gobierno.

“Es bueno denunciar la manipulación política que se ha dado con la presentación de la derogación de esta ley. Hemos escuchado eso en casi todos los discursos. Se trata nada más que de una política pública; algo que debería redundar en llevar adelante los anhelados procesos educativos”, manifestó la vicepresidente segundo de la Cámara Baja.

Calificó de irresponsabilidad política, comprometer fondos y recursos al aludir que se defiende, de esa manera, la vida y la familia.

Finalmente, con la correspondiente votación, una gran mayoría manifestó estar a favor de la derogación y así respaldar la clara postura ciudadana con respecto a algunos temas supuestamente involucrados.

No se permitirá que ideologías foráneas contaminen nuestro país, coincidieron en señalar varios diputados.

Pasa a la Cámara de Senadores.

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