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JUDICIALES

Fiscal imputó a una mujer que presuntamente ataba a su hija, menor de edad

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El agente fiscal Carlos Cabrera, resolvió la imputación de una mujer que habría protagonizado el hecho punible de Violación del Deber del Cuidado, con respecto a su hija, una menor, de 13 años, a quien mantenía atada en precarias condiciones.

Según las pesquisas, la niña que padece de una discapacidad mental y asimismo es muda, era atada por la ahora encausada, quien salía con frecuencia por las noches.

La menor, escapó de su casa ubicada en San Pedro y acudió por ayuda a la casa de una vecina, tras lo cual fue derivada a un centro de salud y se pudo constatar que tenía un cuadro de desnutrición severa, además de rastros de haber sido atada.

La ahora procesada tiene 6 hijos menores, que viven junto a ella en una situación de pobreza extrema, y ahora se enfrentará a un proceso por el hecho punible que tiene una expectativa de pena de 3 años de cárcel.

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Imputan a camionero por apropiarse de 32.000 kilos de soja

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La agente fiscal Viviana Sánchez imputó a un camionero que se habría apropiado de más de 32.000 kilos de soja, que debía transportar desde la zona de Alto Paraná hasta Asunción. El sospechoso está identificado como Jorge Manuel Roa Florentín (36), quien ya se encuentra recluido en prisión por disposición del Juzgado Penal de Garantías,bajo el cargo de apropiación.

Según la investigación, el 17 de junio de 2022, el sindicado se presentó con un camión Scania a la empresa Cargil Agropecuaria del distrito de Los Cedrales y retiró 32.660 kilos de granos que debía transportar hasta un local de la misma firma de la capital del país.

Para el efecto, Roa Florentín contactó con el señor Víctor Daniel Cáceres, encargado de realizar la conexión de fletes con los choferes. Por lo tanto, éste autorizó la entrega de 500 mil guaraníes y la autorización de abastecimiento de 250 litros de combustible por valor de 2.100.000 guaraníes, que se realizó en la estación de servicios Agriesa S.A. (Puma).

Según la orden de remisión, el conductor debía realizar la entrega del cargamento en un plazo de 72 horas. Sin embargo, la carga nunca llegó a destino, por lo que el denunciante buscó la manera de contactar con Roa Florentín, sin lograr la comunicación con el mismo ya que al parecer cambió su número telefónico. Hasta la fecha, la empresa no pudo recuperar la carga, que le ocasionó un perjuicio patrimonial de 25.000 dólares americanos.

Tras la denuncia, la Fiscalía reunió diversos elementos de sospecha, como ser el comprobante de entrega de mercaderías y otras documentaciones relacionadas al caso, al igual que la filmación del momento en que se cargó la soja. Luego, ordenó la detención preventiva del Jorge Manuel Roa Florentín, quien finalmente fue privado de libertad y sometido al proceso penal.

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Condenan a 12 invasores de Itakyry

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El tribunal de sentencia integrado por el juez Fabio Aguilar Benítez, Serafín González y Vitalia Duarte condenó ayer a doce personas que en el 2019 invadieron propiedades privadas en la Colonia Chino Cué, distrito de Itakyry, al norte del departamento de Alto Paraná.  Todos fueron sentenciados a 2 años de cárcel con suspensión a prueba de la ejecución de la condena durante un juicio oral y público llevado a cabo en el Poder Judicial de Ciudad del Este.  

Los acusados fueron sentenciados por el hecho de invasión de inmueble ajeno y para evitar ir en la cárcel, una de las prohibiciones es el ingresó a los inmuebles pertenecientes a las empresas “Bio Paraguay S. A. y Agropecuaria Produza S.A.” 

Los condenados son: Manuel Rolón Agüero, Marcos Cabrera Miranda, Rubén Venialgo, Juan Bernardino Sánchez, Mario Rafael Aquino, Osvaldo Martínez Sosa, Cecilio Zarza Espínola, Osvaldo Cañete, Arnaldo Andrés Camacho Galeano, Estanislao Delgadillo   Romero, Damián Delgadillo González y Gildo Ojeda Barreto.    

En noviembre del año 2019, los ahora condenados ingresaron de manera clandestina y violenta a las propiedades de las citadas empresas. La fiscal Natalia Montanía representó al Ministerio Público y logró probar la responsabilidad penal de los acusados en el hecho punible de invasión de inmueble ajeno.

La representante de la sociedad solicitó como pena privativa de libertad de 1 año de cárcel con suspensión a prueba de la condena por un periodo de 2 años con la expresa prohibición de ingreso en los inmuebles de las empresas Bio Paraguay S. A. y Agropecuaria Produza S. A. 

En tanto, la querella adhesiva, ejercida por el abogado Ederson Da Silva Godoy, solicitó al Tribunal la pena de 2 años de cárcel y por 5 años de periodo de prueba con la expresa prohibición de ingresó a las tierras de las citadas empresas.  

 

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Imputación a funcionario municipal de Minga obligará a fiscal a procesar a Miguel Prieto

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La fiscal Zunilda Ocampos Marín imputó por infracción de la Ley 716/96 (perjuicio a reservas naturales) a Víctor Ramón Villasanti, quien en su momento se desempeñaba como director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Minga Guazú por autorizar a derribar árboles, en espacio público y apertura de camino vecinal en una propiedad ajena. Miguel Prieto, quien autorizó un crimen ambiental sobre la Ruta Py 02, a favor de una empresa Agrofertil correría la misma suerte, puesto que la ley rige de manera igualitaria para todos.   

Según la investigación, el hecho en Minga Guazú habría ocurrido el 1 de octubre de 2020 en un inmueble, individualizado como finca k09/2596, ubicado en los límites de los municipios de Yguazú y Minga, a unos 7 mil metros la Ruta PY02. La denuncia fue radicada por la abogada Juliana Ortellado de Takada, en representación de la firma Primordial S.A., que resultó afectada.   

Conforme con los datos, Villasanti supuestamente concedió autorización para el derribo de árboles en espacio público y apertura de camino vecinal dentro de la propiedad ajena. El escrito fiscal refiere, que el propio Villasanti y miembros de una comisión vecinal se constituyeron hasta el inmueble en cuestión y supuestamente derribaron árboles de especies nativas, que formaban parte de la reserva forestal de la firma en cuestión, para la apertura de una calle. 

Para el efecto, utilizaron presumiblemente una retroexcavadora, que estaba al mando de José Luis Fernández, quien fue contratado por la Intendencia de Minga Guazú, según refirió. Incluso, el mismo exhibió la autorización de la Comuna para ejecutar el trabajo.  

Posteriormente, una comitiva fiscal-policial, con acompañamiento de técnicos ambientales de la Dirección Especializada en Delitos Ambientales y del Instituto Forestal Nacional (INFONA), intervinieron en el lugar y constataron el ilícito presuntamente cometido. 

CASO CDE 

En el caso de Ciudad del Este, el Ministerio Público, a cargo del fiscal de Medio Ambiente, Adolfo Santander también intervino en la tala de unos 30 árboles nativos sobre la Ruta Py 02, espacio que iba a ser destinado para estacionamiento de Agrofertil y ordenó la incautación de maquinarias y herramientas de la comuna, utilizadas en la criminal tala. La imputación a Villasanti obligaría a Santander a cumplir con la imputación del intendente, Miguel Prieto quien autorizó el crimen ambiental.  

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