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JUDICIALES

Fiscal imputa a Rafael Esquivel y 17 indígenas por tentativa de homicidio, lesión grave, robo agravado, coacción grave, toma de rehenes y otros

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El fiscal Alfredo Acosta Heyn presentó imputación contra el ciudadano Rafael Esquivel, alias «Mbururú, y 17 indígenas que habrían tomado por asalto un establecimiento agrícola del distrito de Itakyry. Los sindicados -que estaban fuertemente armados- presuntamente redujeron a los propietarios, luego incendiaron plantaciones y maquinarias, además sacrificaron animales y perpetraron saqueo en el lugar, según los datos.

Los procesados, además de Esquivel, son: Eduvigis Benítez Vargas, Jorge Ramón Jara Franco, Héctor Jonás Gauto, Armando Moisés Gauto, Juliano Goncalves, Diego Goncalves Díaz, Milciades Benítez Benítez, Lidio Rojas Soria, Fabio Waldemar Díaz Martínez, Lorenzo Díaz Martínez, Cristóbal Gauto Tapari, Juan Ignacio Gauto, Milciades Rojas Medina, Lorena Goncalvez Díaz, Juan Ignacio Tapari, Edilson Esquivel Benítez y Rubén Julio Paniagua Vera.

Los mismos afrontan cargos los supuestos hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, coacción grave, toma de rehenes, robo agravado, producción de riesgos comunes, amenaza de hechos punibles, asociación criminal y coacción sexual y violación.

Los hechos se registraron este 20 de agosto último, a las 13:00 horas aproximadamente, en un inmueble ubicado en la colonia «Chacore’i», Tapé Yke, distrito de Itakyry. En la ocasión, presuntamente «Mbururú» Esquivel, Diego Gonzcalves y Lorena Goncalves encabezaron un grupo de aproximadamente 50 indígenas, de la localidad de Ka’a Poty, que atropellaron la propiedad ajena y redujeron a Pedro Rufino Torras Maldonado, su señora esposa Rosalina Romero de Torras, Francisco Leonardo Torras Romero, Carlos Torras e Inocencio Ramos.

Según la investigación, los atacantes presumiblemente llegaron armados con machetes, foizas, hachas, cuchillos, palos y honditas y tomaron de rehenes a las víctimas, exigiendo que abandonen inmediatamente la propiedad, ínterin en que le propinaron golpes con los elementos contundentes y amenazándoles de muerte.

Luego, supuestamente incendiaron una plantación de camerún y un tractor de la marca Massey Ferguson, modelo 2902, de color rojo. Seguidamente, ingresaron hasta el tinglado en donde también prendieron fuego a una máquina sembradora, de la marca Fraam Causer, modelo 4016, de 7 líneas, y una fumigadora, de la marca Condor 600, marca Jacto. Asimismo, se habrían apoderado de herramientas de granja (desmalezadora, motosierras, machetes, azadas y hachas, entre otros).

A continuación, derribaron el portón del tinglado y ocasionaron daños materiales

en la casa, destrozando electrodomésticos y enseres. En ese momento, llegó al lugar Francisco Leonardo Torras Romero, a quien también propinaron golpes con machetes y palos, ocasionándole lesiones. Además de causar daños materiales a su vehículo y le despojaron de sus pertenencias (aparatos celulares, la suma de 3 millones de guaraníes, hojas de cheque, tarjetas de crédito, débito y documentos varios), según el escrito fiscal.

De igual manera, tomaron presuntamente de rehén a una mujer, a quien supuestamente Diego Goncalves manoseó todo el cuerpo y la sujetó por el alambrado principal de la propiedad, advirtiéndola que la sometería sexualmente.

Asimismo, los presuntos agresores procedieron a la matanza de animales de corral, tales como conejos, gallinas y cerdos. Tras ser alertados, acudieron al lugar efectivos policiales a cargo del subcomisario Bruno Vega, quien trató de dialogar con los sindicados, quienes en todo momento se encontraban en actitud belicosa. Más tarde acudieron al sitio refuerzos de diferentes reparticiones policiales, por lo que los supuestos atacantes se dieron a la fuga.

Posteriormente, las víctimas radicaron la denuncia y sindicaron como autores a los indígenas que están acampados en la propiedad del ciudadano Abel Simoe de Almeida, en el sector conocido como Acaray Costa, distrito de Itakyry. Del mismo modo, señalaron como cabecillas a Rafael Esquivel, Diego Goncalves y Lorena Goncalves.

En prosecución de la investigación, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron primeramente un inmueble ubicado en el kilómetro 7 Acaray, barrio Don Bosco de Ciudad del Este, y detuvieron a Esquivel, quien se encuentra en la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Luego, intervinieron el inmueble ubicado en la zona de Itakyry y también privaron de libertad a los 17 nativos, quienes igualmente se encuentran recluidos en el calabozo policial. Todos ellos están con pedido de prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos presumiblemente cometidos.

JUDICIALES

Imputan a español por supuesto contrabando de combustible

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El fiscal Fernando Galeano imputó a un ciudadano español por la supuesta comisión del hecho punible de contrabando. El mismo está identificado como Victoriano Iturbe Eguren, de 75 años, oriundo de la ciudad de Irura Gipuzkoa (España) y domiciliado en la localidad de Iturbe (departamento del Guairá).

Según la investigación, el extranjero fue sorprendido en el momento en que transportaba 600 litros de nafta, distribuidos en tres tambores de 200 litros cada uno, y 100 litros de gasoil, distribuidos en bidones de plásticos, de 50, 30 y 20 litros, sobre la Ruta PY01, en el cruce de Puerto Trosciuk de la ciudad de San Juan del Paraná (Itapúa).

Los recipientes de hidrocarburos eran transportados en un furgón, de la marca Hyundai Stgarex, de color negro, con chapa BRU 487, y presuntamente ingresaron de contrabando al país, provenientes de la Argentina.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, Regional Itapúa, y de funcionarios de Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), quienes realizaban un control aleatorio de personas y vehículos.

El hecho fue comunicado al fiscal Fernando Galeano, titular de la Unidad Especializada Nº 3 en la Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual y el Contrabando de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa.

Posteriormente, el vehículo y la carga fueron remitidos a la oficina de Resguardo de la Aduana de Encarnación, donde por disposición fiscal se tomó muestras de los tambores para su remisión al laboratorio del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) para su análisis correspondiente.

Después, el representante del Ministerio Público presentó la imputación correspondiente. Asimismo, requirió al Juzgado una reserva expresa de ampliar la imputación ante la posible incorporación e identificación de nuevos participantes y partícipes, así como la calificación del hecho punible atribuido, en atención a la plataforma fáctica investigativa.

El responsable de la investigación solicitó además la aplicación de la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, bajo las siguientes condiciones: Fijación de domicilio exacto, prohibición de salir del país, prestación de caución personal o real adecuada u otra que el Juzgado considere compatible con la naturaleza del caso.

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Mujer que denunció a policías por extorsión realizará reconocimiento de personas

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La paraguaya, Reinalda Santacruz Brítez (50), quien fue víctima de supuesto rapto y extorsión de US$ 100.000 por parte de policías del departamento de Homicidios de Ciudad del Este será sometida a un acto de reconocimiento de personas este martes.

La audiencia fue fijada por el juez penal de Garantías, Carlos Vera Ruiz. También ese mismo día, la compatriota brindará declaración testifical del caso, y se da bajo la figura “anticipo jurisdiccional de prueba”, debido a que la misma tiene un proceso con fines de extradición a España.

Los policías imputados en el caso son: Karina Beatriz Caballero Giménez (31) y Diego Fernando Ayala Mallorquín (27); los suboficiales imputados Alfredo Báez Zalazar (27), Ever Rául Aquino (44), Hugo Arnaldo Báez Zalazar (35) y Rafael Silvero Bogado (37). Caballero ya había sido procesada por despojar de US$ a un grupo de taiwaneses durante un allanamiento en el 2020.

El caso de la mujer procedente de España, data del 3 de noviembre, la misma fue abordada por un grupo de policías de Homicidios, y llevada a la base policial, alegando que se desplazaba en un vehículo robado. Pero allí le pidieron el monto de dinero para no ser extraditada. Está implicado, además, el abogado Abdo Javier Escobar Burgos, quien habría proporcionado información a la policía sobre el proceso de la mujer por trata de personas en España.

Escobar Burgos habría participado de la negociación y como la mujer no tenía el dinero, sugirió a su cliente no tenía los US$ para vender su casa a fin de entregar la suma. Luego, bajó a 10.000 euros, cuyo monto, el marido español de Santa Cruz intentó transferir a una cuenta bancaria, pero la operación fue bloqueada por sobrepasar el límite de envíos. Finalmente, la mujer fue liberada sin pagar, pero con la promesa de pagar al día siguiente, también fue obligada a firmar una hoja en blanco.

Luego, la mujer se percató de la “entrega” de su abogado, contrató a otro e inició la denuncia con pruebas. La misma no tenía orden de detención hasta ese entonces, y tras denunciar a los policías, el INTERPOL alertó el requerimiento y un juez ordenó su captura.

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35 feminicidios con 66 huérfanos en el 2022

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La titular de la cartera de la Mujer, Celina Lezcano refirió que con el lanzamiento de la campaña #ViolenciaVisible lo que se busca es concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre las alertas que se dan en una relación violenta de pareja y que también afecta a niñas. «Estadísticamente y las evidencias demuestran que los victimarios son parejas, exparejas o conocidos del entorno familiar cercano de la víctima», afirmó Lezcano.

Refirió que a modo de frenar la violencia y casos de feminicidio en el país es que el Ministerio de la Mujer se encuentra trabajando de cerca con el Banco Mundial (BM) en la sistematización de los casos ocurridos en el país en el Observatorio de la Mujer en la sección Datos del Ministerio de la Mujer que se encuentra en la margen derecha de la página web.

Este Observatorio de enero a la fecha arrojó que registran 35 feminicidios y 66 huérfanos que son víctimas indirectas de este flagelo, datos que casi empatan con los registrados durante todo el año 2021, periodo en el que se registaron 36 fallecimientos y 58 huerfanos.

«Sabemos que ya estamos próximos a las fiestas de fin de año y estos dos últimos meses del año son muy importantes ya que suelen aumentar los casos de violencia y feminicidio en el país, por lo que apuntamos con esta campaña a la prevención y que todos tengamos esa participación en denunciar si sabemos que alguna amiga, compañera, vecina o conocida está atravesando una situación de violencia», refirió.

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