El pedido de informes ya fue remitido desde la Junta Municipal de Ciudad del Este a inicios del mes pasado al intendente, donde se requieren documentos respaldatorios de la autorización dada a la firma Agrofértil para convertir un espacio público del Km 6, en un estacionamiento privado.
Miguel Prieto Vallejos tardó varios días para responder, pidiendo una “prórroga” para remitir esos informes, algo totalmente inusual teniendo en cuenta que, si contaba con esos documentos, lo habría remitido de inmediato, lo cual no ocurrió hasta ahora.
Pasado unos días el plazo de prórroga, el corrupto intendente remite un informe donde señala una lista de documentos que supuestamente lo acompañan, pero en realidad es solamente eso, la lista sin los documentos. Con esto, es cada vez más visible que Prieto Vallejos autorizó la tala criminal de añosos árboles de especies nativas sin contar con un estudio técnico – ambiental, y sin que se cumplan los requisitos establecidos para estos casos.
Al principio el intendente quiso justificar su acción criminal señalando que se trataba de un “convenio de padrinazgo” con Agrofértil “con fines paisajísticos”, pero aún ese tipo de convenios debe estar aprobado por la Junta Municipal, lo cual no ocurrió, ya que jamás el supuesto pedido de Agrofértil fue remitido al legislativo. O sea, Prieto lo aprobó él solo.
En su informe, ahora el intendente señala a los concejales que remite la “Resolución N° 2199/I.M, POR la cual se aprueban los planos y planillas de obra correspondiente al proyecto de construcción de estacionamiento público, propiedad de AGROFERTIL S.A.”, pero en realidad no lo remite, y por tanto no es fiable su existencia.
Además, ni siquiera existe mesa de entrada, o señal que se inició una gestión y seguimiento del proyecto por parte del MADES (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible). Todo esto, agregando que jamás existió autorización del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y mucho menos de TAPE PORÃ, concesionaria de la ruta PY02.
Cabe recordar que la Junta Municipal había requerido al intendente la remisión de copias del convenio de padrinazgo, los planos del proyecto de estacionamiento y la resolución de su aprobación con el pago de impuestos correspondiente, homologación del convenio con Agrofértil, estudio de impacto ambiental, autorización del INFONA (Instituto Forestal Nacional) y del MADES, y las autorizaciones finales del MOPC y TAPE PORÃ, y ninguno de estos documentos existe en la realidad.
Cabe recordar que existe una carpeta fiscal en investigación al crimen ambiental, que actualmente está a cargo de la fiscal Zunilda Ocampos. La misma remitió la carpeta de “Asuntos técnicos” del Ministerio Público en Asunción, mientras en Ciudad del Este sobran los motivos para la imputación del intendente Miguel Prieto Vallejos y su secretario, quienes habrían recibido una coima de 25.000 dólares para autorizar esta enajenación del espacio público.
