JUDICIALES

Mujer que denunció a policías por extorsión realizará reconocimiento de personas

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La paraguaya, Reinalda Santacruz Brítez (50), quien fue víctima de supuesto rapto y extorsión de US$ 100.000 por parte de policías del departamento de Homicidios de Ciudad del Este será sometida a un acto de reconocimiento de personas este martes.

La audiencia fue fijada por el juez penal de Garantías, Carlos Vera Ruiz. También ese mismo día, la compatriota brindará declaración testifical del caso, y se da bajo la figura “anticipo jurisdiccional de prueba”, debido a que la misma tiene un proceso con fines de extradición a España.

Los policías imputados en el caso son: Karina Beatriz Caballero Giménez (31) y Diego Fernando Ayala Mallorquín (27); los suboficiales imputados Alfredo Báez Zalazar (27), Ever Rául Aquino (44), Hugo Arnaldo Báez Zalazar (35) y Rafael Silvero Bogado (37). Caballero ya había sido procesada por despojar de US$ a un grupo de taiwaneses durante un allanamiento en el 2020.

El caso de la mujer procedente de España, data del 3 de noviembre, la misma fue abordada por un grupo de policías de Homicidios, y llevada a la base policial, alegando que se desplazaba en un vehículo robado. Pero allí le pidieron el monto de dinero para no ser extraditada. Está implicado, además, el abogado Abdo Javier Escobar Burgos, quien habría proporcionado información a la policía sobre el proceso de la mujer por trata de personas en España.

Escobar Burgos habría participado de la negociación y como la mujer no tenía el dinero, sugirió a su cliente no tenía los US$ para vender su casa a fin de entregar la suma. Luego, bajó a 10.000 euros, cuyo monto, el marido español de Santa Cruz intentó transferir a una cuenta bancaria, pero la operación fue bloqueada por sobrepasar el límite de envíos. Finalmente, la mujer fue liberada sin pagar, pero con la promesa de pagar al día siguiente, también fue obligada a firmar una hoja en blanco.

Luego, la mujer se percató de la “entrega” de su abogado, contrató a otro e inició la denuncia con pruebas. La misma no tenía orden de detención hasta ese entonces, y tras denunciar a los policías, el INTERPOL alertó el requerimiento y un juez ordenó su captura.

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