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JUDICIALES

Imputan a polibandi y a sus dos cómplices

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La fiscal Diana Gómez imputó a un agente policial y dos civiles en prosecución de una investigación por la supuesta comisión del hecho punible de reducción de una lujosa camioneta. Asimismo, la representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de los encausados.

Los procesados son Freddy Armando Alderete León (44), suboficial principal de la Policía Nacional; Ever Manuel Chaparro Leiva (30) y Arnaldo Brítez (50), alias «Polaco», quienes se encuentra recluidos en la Dirección de Policía del décimo departamento,  a disposición del Juzgado de Garantías.

Según la investigación, la aprehensión del miembro de la fuerza pública y de Chaparro Leiva se produjo durante una persecución este 10 de diciembre último, a las 01:30 horas aproximadamente, en el momento en que circulaban a bordo de la camioneta Nissan Frontier, de color plateado, año 2018, de color plateado, con matrícula AABE 347 Py. El rodado presenta chasis adulterado.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta PY02, en la localidad de Juan León Mallorquín, y estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía de Alto Paraná, quienes investigaban un caso de robo agravado perpetrado en esta zona del país.

Al momento de la intervención,  Alderete León -que estaba libre de servicio- presentó un contrato de compra-venta que sería de contenido falso, de fecha 25 de mayo de 2020, celebrado supuestamente entre Gerardo Ramón Ruiz Godoy (vendedor) y Ever Manuel Chaparro Leiva (comprador) en la escribanía de Ana Rosalba Agüero. Sin embargo, la entrega del vehículo se produjo el día anterior, es decir el 9 de diciembre. El acuerdo para la compra-venta habría sido intermediado por Arnaldo Brítez.

Conforme con datos, los sindicados formarían parte de una organización que se dedica a realizar este tipo de hechos punibles. En sentido, otros supuestos integrantes del grupo fueron plenamente identificados e igualmente serían procesados próximamente.

 

JUDICIALES

Ministerio Público reasigna fiscales adjuntos en Alto Paraná y Ñeembucú

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El Ministerio Público dispuso la reasignación de funciones de fiscales adjuntos en los departamentos de Alto Paraná y Ñeembucú, mediante la Resolución F.G.E. N.º 1652 firmada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.

El fiscal adjunto Jorge Sosa García fue designado como responsable del Área XVI – Departamento de Ñeembucú, en reemplazo de Celso José Sanabria González. Por su parte, Celso José Sanabria González pasa a cumplir funciones como responsable del Área X – Departamento de Alto Paraná, sustituyendo a Jorge Sosa García.

La resolución establece además que las nuevas funciones entrarán en vigencia a partir del 26 de mayo de 2026.

El documento fue firmado por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y refrendado por la secretaria general interina del Ministerio Público, abogada Lisa Mencia M.

La disposición genera movimientos dentro de la estructura del Ministerio Público en dos departamentos considerados estratégicos por el volumen de causas y procedimientos fiscales que manejan.

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Procesan a hombre que habría destechado una casa para consumar hurto agravado

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La agente fiscal Julia González Medina, de la Unidad Penal Nº 11 de Ciudad del Este, formuló imputación contra un hombre de 31 años por el supuesto hecho punible contra la propiedad (hurto agravado). El Ministerio Público inició el proceso penal tras recolectar suficientes elementos de sospecha que vinculan al sindicado con el ilícito.

La investigación refiere que el hecho ocurrió días pasados, en horas de la tarde, en el barrio 23 de Octubre de la capital del Alto Paraná. En la ocasión, el sospechoso presuntamente trepó el cercado trasero de una propiedad privada para ingresar al lugar. El hombre escaló el techo de la vivienda y rompió una chapa de eternit para acceder al interior de la casa.

Una vez dentro, el sindicado se apoderó de varios objetos de valor. Sin embargo, justo en ese momento el propietario de la casa llegó y sorprendió al presunto ladrón en flagrancia. Inmediatamente, con la ayuda de vecinos del sector, la víctima logró reducir al hombre y entregarlo a los efectivos policiales de la zona.

La Fiscalía sustenta la imputación en notas policiales, el acta de procedimiento de la Subcomisaría N° 4 y la declaración testifical del afectado. La conducta del procesado se encuadra en el artículo 162 del Código Penal, bajo la figura de autoría directa. Debido a la gravedad del hecho, la representación fiscal solicitó formalmente al Juzgado Penal de Garantías convertir en prisión preventiva la detención del encausado.

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JUDICIALES

Imputan a joven que habría desvalijado varias veces una vivienda

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El agente fiscal Alberto Torres Flores, titular de la Unidad Penal Nº 3 de Presidente Franco, imputó a un joven de 19 años que habría desvalijado varias veces una vivienda, al sustraer diversos objetos por un millonario monto. Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del sindicado, quien se encuentra a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado inicialmente a la propiedad el 14 de febrero de 2026 para sustraer diversos objetos de valor. Entre lo robado destacan cables de conexión eléctrica, accesorios de iluminación y electrodomésticos de cocina, bienes valuados preliminarmente en más de 15 millones de guaraníes.

Posteriormente, el 24 de febrero, el sospechoso habría ingresado nuevamente a la vivienda para sustraer el reloj de la ANDE instalado en el muro perimetral. El último evento ocurrió el 28 de febrero, cuando el propietario sorprendió al sospechoso en flagrancia seleccionando pertenencias en el interior del domicilio para su posterior retiro.

Tras percatarse de la presencia de la víctima, el sindicado trepó la muralla e intentó huir, pero fue reducido por el propietario y guardias de seguridad. La Fiscalía sustenta la imputación en el acta de procedimiento policial, filmaciones de cámaras de circuito cerrado y testimonios que vinculan directamente al joven.

Finalmente, la representación fiscal solicitó un plazo de cuatro meses para la etapa preparatoria, argumentando la necesidad de realizar pericias y otras diligencias. Al considerar la gravedad del hecho, la falta de arraigo y el peligro de fuga, el fiscal Torres requirió la prisión preventiva del imputado.

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