El agente fiscal Osvaldo Zaracho acusó a un hombre involucrado en un hecho de robo agravado y solicitó su juzgamiento en un juicio oral. El acusado está identificado como Alexis Aníbal Cantero Portillo (26), quien se encuentra recluido en prisión, se trata de un conocido «pirañita» en el microcentro. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el juez Amílcar Antonio Marecos, titular del Juzgado Penal de Garantías n.º 2.

De acuerdo con los antecedentes, el atraco armado ocurrió el 10 de octubre del 2023, alrededor de las 12:00 horas, en el interior del local comercial denominado «PIXCELL», situado en el edificio Bella Vista, en la intersección de la avenida Alejo García y Paso Pucú, en el Área 2 de Ciudad del Este.

Aquella vez, Cantero Portillo llegó al lugar supuestamente con el propósito de retirar dos teléfonos celulares a nombre del señor Marcos Soares. Ambos dispositivos eran de la marca IPHONE, uno del modelo 15 Pro, con capacidad de 128 GB, y el otro del modelo 15 Pro Max, con 256 GB de almacenamiento, por un valor de 2.662 dólares.

El sujeto fue atendido por la señora Patricia Mabel Fleitas Ortega, quien le preparó los aparatos telefónicos y le informó que estaba esperando la transferencia bancaria de parte de Soares para entregarle los equipos. Mientras tanto, le tomó una fotografía para fines publicitarios de la empresa. Luego, le invitó a que se sentara y esperara a que Soares hiciera el pago por los teléfonos.

Sin embargo, en un momento en que la víctima le dio la espalda, Alexis Aníbal la empujó y exhibió un arma de fuego, tipo pistola, que llevaba en la cintura. Seguidamente, le exigió la entrega de los celulares, advirtiéndole que se mantuviera en silencio. Posteriormente, se apoderó de los artefactos y huyó del lugar.

Tras la denuncia, los investigadores policiales pudieron localizar y detener al presunto delincuente mediante la fotografía que le habían tomado en el local comercial. Posteriormente, el fiscal Zaracho presentó la imputación correspondiente y, tras cumplirse el plazo establecido por el Juzgado, formuló la acusación contra Cantero Portillo, quien se expone a varios años de pena carcelaria, atendiendo a la gravedad de sus actos.

La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la OPACI comunicaron que entró en vigencia la Ley N° 5415/15 en todos los municipios del país.

Esta normativa vincula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), administrado por la máxima instancia judicial, a los bancos de datos de las Municipalidades.

Dispone que todos los morosos por prestación de alimentos a sus hijos no podrán obtener registro de conducir.

La agente fiscal Julia González representó al Ministerio Público en un juicio oral y obtuvo una condena de 16 años de prisión para un hombre que abusaba sexualmente de manera sistemática de sus dos hijastras menores, de 11 y 12 años respectivamente. El hombre fue encontrado culpable por abuso sexual en niños.

Durante la audiencia pública llevada a cabo este viernes 12 de abril en el Poder Judicial de Ciudad del Este, la fiscal de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes presentó numerosas pruebas documentales y testimoniales para demostrar la culpabilidad del acusado. Por lo tanto, el Tribunal de Sentencia, presidido por Herminio Montiel y conformado por Zunilda Martínez Noguera y Amílcar Antonio Marecos, emitió el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, los abusos sexuales ocurrieron repetidamente en una vivienda del barrio San Antonio de Ciudad del Este. El acusado aprovechaba los momentos en que la madre de las niñas dormía en estado de ebriedad durante la noche para ingresar a la habitación de las niñas y manosearlas. La mujer también soporta un proceso por violación del deber del cuidado.

Además, el agresor sexual amenazaba a las víctimas con que, si contaban lo ocurrido, tanto ellas como sus otras dos hermanitas (de 7 y 9 años) acabarían en la calle. Por miedo y sin tener a dónde ir, las niñas no revelaban la verdad. Finalmente, cuando la madre de las niñas fue detenida por un episodio de violencia familiar y tras realizarse evaluaciones psicológicas, salió a la luz que las menores eran abusadas por el padrastro.

Con el informe victimológico realizado a las menores, así como el testimonio de la psicóloga del Ministerio Público y corroborado con la declaración de las niñas en Cámara Gesell, se constató la existencia de daños psicológicos como secuela de los maltratos. Considerando todas estas pruebas, el Tribunal impuso una condena de 16 años.