El fiscal Luis Trinidad Colmán, en representación del Ministerio Público, logró condenar a un hombre a 3 años de pena privativa de libertad por abuso sexual en personas indefensas. El juicio oral se llevó a cabo este 24 de mayo, en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

De acuerdo a los antecedentes, la agresión sexual tuvo lugar el 16 de abril de 2020 en una residencia ubicada en el distrito de Minga Guazú. Resultó víctima una joven de 22 años con problemas neurológicos y un retraso mental de 10 años, quien sufrió lesiones durante el ataque. El agresor, identificado con las iniciales C.R.A. (33) y vecino del lugar, aprovechó la ausencia de los padres de la víctima para cometer el ilícito.

La madre, al descubrir el hecho, presentó la denuncia ante las autoridades y entregó a la Fiscalía un video que mostraba claramente al ahora condenado acostado en la cama, sin remera, junto a su hija. Además, en el video se observaba al acusado sonriendo y mostrando un gesto obsceno.

La mujer declaró que, en ese momento, al preguntarle a su hija sobre lo sucedido, ésta confesó que el autor del hecho la había desnudado y sometido sexualmente, que tuvo como consecuencia sangrado y lesiones. El médico forense del Ministerio Público confirmó el abuso.

Posteriormente, la Fiscalía imputó al autor del ilícito por abuso sexual en personas indefensas, proceso que derivó en la condena de 3 años de cárcel. El fallo fue dictado por los jueces Vitalia Duarte, Serafín González y Fabio Aguilar, que integraron el Tribunal de Sentencia.

La fiscal Viviana Sánchez, en representación del Ministerio Público, obtuvo la confirmación de una condena de 15 años de pena privativa de libertad para Guillermo Báez Marecos, quien fue acusado de homicidio doloso. La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Alto Paraná ratificó la sentencia definitiva número 212, emitida el 9 de diciembre de 2022, por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Zunilda Martínez, Marino Méndez y Herminio Montiel.

Según antecedentes, el crimen ocurrió el 18 de abril de 2021, a las 04:30 aproximadamente, en la vía pública del barrio San Sebastián de Presidente Franco, inmediaciones del Mercado Municipal, resultado víctima Samuel Villalba Alegre, quien sufrió varias heridas con arma blanca (cuchillo).

Conforme a los datos, previo al hecho, la víctima mantuvo una discusión con una mujer, de nombre María Victoria Tijera Cuba. Allí, intervino Báez Marecos, quien a su vez inició una disputa verbal con el hoy fallecido.

El altercado subió de tono, hasta que el joven se descontroló, desenfundó un puñal con el cual aplicó primeramente un golpe en el rostro a la víctima y seguidamente le infligió varias puñaladas, en la región del tórax y el abdomen. El herido cayó al suelo, pero luego pudo levantarse y comenzó a caminar, tratando de escapar de su atacante.

Sin embargo, el homicida lo siguió, a unos 100 metros le dio alcance y le propinó nuevamente varias heridas, esta vez en el cuello, ocasionándole la muerte en el lugar. El autor del homicidio escapó del lugar, pero luego fue detenido durante un allanamiento fiscal-policial, hasta que fue juzgado y sentenciado a 15 años de pena carcelaria.

Posteriormente, la defensa apeló la sentencia y finalmente la Cámara de Apelaciones, conformada por los jueces Efrén Giménez, Lilian Lorena Benítez y Miryam Meza de López, confirmó el fallo de primera instancia.

El fiscal Luis Trinidad Colmán imputó por una supuesta estafa al comerciante libanés Omar Ali Hammoud (55), propietario del local comercial denominado «7 Mares», ubicado en la avenida San Blas, edificio Kostianosky. El encausado quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías.

Según la investigación, entre mayo y diciembre de 2022, el sindicado había realizado varias operaciones comerciales con el ciudadano Enrique  Alcides Kopansky, representante de la firma unipersonal «Alquimia». En ese aspecto, Hammoud realizaba compra de ropas de la víctima para revender en su negocio, pagando las últimas adquisiciones con varios cheques a cargo de Banco Atlas.

Sin embargo, estos documentos de pago fueron rechazados cuando se presentaron en la entidad bancaria, algunos por estar con cuenta cancelada, otros por orden de no pago y cuenta inhabilitada para operar, ocasionando de esa manera un perjuicio patrimonial de 54.415.000 guaraníes a la víctima.

En el marco de la investigación de la presente causa, la Fiscalía citó en reiteradas ocasiones al encausado para prestar declaración indagatoria y ejercer su defensa. Pero, las audiencias fueron suspendidas en varias oportunidades por distintos abogados, hasta que Omar Ali Hammoud finalmente se presentó ante la Unidad Fiscal y utilizó su derecho constitucional de abstenerse a declarar.

Por lo tanto, en base a los elementos de sospecha existentes, el representante del Ministerio Público inició el proceso penal contra el denunciado y solicitó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva.