El fiscal de Hernandarias, Alfredo Acosta Heyn inició las investigaciones sobre el sonado caso de «compra de terreno» que hizo la Comuna hernandariense, a una iglesia local, y para lo cual recurrieron a un préstamo de 3.900 millones de guaraníes de un banco de plaza. El agente comunicó las diligencias al Juzgado Penal de Garantías.
La denuncia se formalizó contra el intendente municipal, concejales municipales y funcionarios municipales por Lesión de Confianza, Asociación Criminal, Producción de Documentos no Auténticos, Producción Mediata de Documentos Públicos de Contenido Falso, y Prevaricato.
Los denunciantes son los abogados Julo César Espínola Restaíno y Ángel Chamorro Monzón. Están incluidos además en la denuncia, los concejales Milciades Dávalos Fariña (ANR), Gerardo González Cardozo (PLRA), Jhon Evert Florentín (ANR), Celestino Antonio González (ANR), Yessica Solange Caballero (ANR), Alberto Anastacio Báez Arriola (PLRA), David Arsenio Monzón Alsina (ANR), y Julio César Escobar Valdéz (ANR).
De acuerdo a los datos, todos ellos participaron del proceso de gestión del millonario préstamos, e hicieron la transacción con una persona jurídica que NO ES EL VERDADERO DUEÑO DE LA TIERRA en cuestión, ya que se trata de menos que de un TERRENO MUNICIPAL. O sea, con esta lectura, el intendente y los concejales “compraron” un terreno que en realidad es de la Municipalidad.
En la denuncia también se incluye al abogado Oscar Giorggio Cardozo, Juez de Faltas, y los funcionarios Nelson Damián Brítez y Miguel Coronel, quienes habrían participado activamente de los dictámenes previos para que finalmente la Junta Municipal apruebe este descomunal negociado.
En los documentos arrimados al titular del Ministerio Público Emiliano Rolón, se solicita además el allanamiento de la Municipalidad de Hernandarias para la colección de elementos probatorios, y la imputación correspondiente para todos los mencionados, principalmente el intendente Nelson Emiliano Cano Ozuna.
