La fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos Marín formuló acusación contra seis policías y un abogado por supuesta extorsión a una mujer, a quien presumiblemente pidieron la suma de 100.000 euros para no extraditarla a España, donde tendría problemas legales. El proceso penal contra los acusados incluye cargos por privación de libertad, extorsión y asociación criminal.
Los acusados son la oficial primero Karina Caballero Giménez, el oficial ayudante Diego Fernando Ayala Mallorquín y los suboficiales Ever Raúl Aquino, Rafael Silvero Bogado, Hugo Arnaldo Báez Zalazar y Alfredo Báez Zalazar, así como el abogado Abdo Escobar, quien enfrenta cargos por extorsión.
Según los antecedentes, los agentes policiales, quienes en ese momento formaban parte del Departamento de Homicidios de Alto Paraná, presuntamente se aliaron con el profesional del foro para privar ilegalmente de su libertad a la ciudadana Reinalda Santa Cruz Brítez y exigirle el pago del millonario monto, a fin de obtener un beneficio indebido a expensas del patrimonio de la víctima.
El abogado era el único que tenía conocimiento de los antecedentes legales de la mujer en España, ya que había sido contratado por ella para brindarle asesoramiento judicial al respecto. Sin embargo, Escobar compartió supuestamente esta información con los agentes del orden, quienes el 3 de noviembre de 2022, a las 09:00 horas, interceptaron a Santa Cruz Benítez en la avenida Bernardino Caballero, cerca del supermercado Gran Vía, en el barrio Remansito de Ciudad del Este.
En ese momento, la mujer circulaba a bordo de un automóvil Toyota, de color rojo, mientras los policías de civil se desplazaban en una camioneta de color gris. Los agentes le informaron falsamente que su vehículo fue reportado como robado y la trasladaron a la base del Departamento de Homicidios, en el barrio Boquerón. Durante el trayecto, le preguntaron si tenía un abogado y, en caso afirmativo, le pidieron que lo contactara de inmediato.
Una vez en presencia del profesional del derecho y el esposo de la víctima, el español Juan Antonio Pérez, los acusados interrogaron a la dama sobre su situación judicial en el país europeo, afirmando que la misma tenía captura internacional y debía ser trasladada de inmediato a Asunción.
Durante más de 7 horas, mantuvieron a Reinalda Santacruz privada ilegalmente de su libertad y le exigieron presuntamente el pago de los 100 mil euros para su liberación, y así evitar la supuesta extradición al país europeo. La denunciante refirió que no contaba con dinero, por lo que fue esposada y fotografiada.
