Y entre ellos está principalmente el hoy concejal y presidente de la Junta Municipal Sebastián Martínez, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este en el momento del descomunal robo con la compra simulada de alimentos en plena pandemia. Es uno de los apuntes principales de la acusación fiscal, cuyos términos fueron totalmente admitidos ayer por el juez Humberto Otazú, para elevar la causa a juicio oral y público.

Además del destituido Miguel Prieto y su compinche Sebatián Martínez, están acusados y serán sometidos a juicio oral y público, Maggi Elizabeth Fariña Almada, entonces coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; José Félix Cáceres Galeano, ex jefe de Desarrollo Comunitario y protegido por Sebastián Martínez en un grave caso de acoso sexual; y Julián Benítez Gamarra, ex jefe de Almacenes.

La lista sigue con Francisco Arrúa Álvarez, ex director de Administración y Finanzas y ahora nombrado en nuevo cargo por el nuevo intendente Daniel Pereira Mujica; Higinio Ramón Acuña, ex jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, ex encargado de órdenes de pago; y Nelson Segovia Acevedo, ex tesorero.

Van también a juicio oral, Fermín Ávalos Britos, propietario de “Tía Chela SRL”, y Emili Vanessa Florentín Páez, ex novia de Miguel Prieto y propietaria de la firma Vanemi SA. El fiscal Silvio Corbeta considera que el Ministerio Público ha reunido el caudal probatorio suficiente para que la causa por lesión de confianza se debata en juicio oral, lo cual fue admitido por el juez de la causa para su decisión final.

El fiscal sostiene que, de ninguna manera, existía “urgencia impostergable” para adquisición de los alimentos por la vía de la excepción, como se hizo, y que el procedimiento debía será realizado a través de una licitación pública nacional. Considera además la significatividad del monto económico en el perjuicio patrimonial, que, en este caso, era G. 2.130.036.160 (dos mil ciento treinta millones treinta y seis mil ciento sesenta).

La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL, de la entonces novia de Miguel Prieto, Emili Vanessa Florentín Páez. El juez impuso a Prieto la prohibición de salida del país y la obligación de firmar cada mes un libro en el juzgado, además de elevar la causa de juicio oral y público.

El agente fiscal Manuel Rojas Rodríguez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 2 de Alto Paraná, formuló imputación contra un hombre de 40 años, por la presunta comisión del hecho punible de tenencia y comercialización de estupefacientes. El hoy procesado fue aprehendido con más de 35 kilos de cocaína tras un operativo realizado en Presidente Franco.

Según los antecedentes, la intervención se realizó este 20 de noviembre de 2025, alrededor de las 13:00 horas, durante un allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio Dios Padre Misericordioso. El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía Antidroga y estuvo acompañado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), quienes inspeccionaron distintas reparticiones del inmueble.

En una de ellas se encontraron 32 paquetes de cocaína envueltos en cinta amarilla con el logotipo de Lamborghini, que totalizaron 35,165 kilos. En otro sector del predio se hallaron tres bolsas adicionales que sumaron 600 gramos de la misma sustancia. Para la Fiscalía, la distribución y las características del cargamento refuerzan la sospecha de una actividad orientada al comercio ilícito.

El Ministerio Público concluyó que el ocupante del inmueble mantenía bajo su dominio toda la droga incautada, motivo por el cual se presentó la imputación correspondiente. El fiscal Rojas Rodríguez solicitó la prisión preventiva del imputado, al considerar la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena carcelaria. Asimismo, pidió tres meses de plazo para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.

El organismo que juzga la conducta de magistrados de nuestro país tomó esta determinación, durante una sesión realizada ayer jueves en la capital del país. Así, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) retiró los fueros al fiscal de Emboscada Bernardo Elizaur Aguirre.

El representante del Ministerio Público había sido filmado en un operativo encubierto al recibir una supuesta coima. El JEM además dispuso su enjuiciamiento de oficio por la causal de comisión de hecho punible. La comunicación había sido realizada por el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia.

Bernardo Elizaur Aguirre responde a una imputación presentada por la fiscala Yeimy Adle, por supuesto cohecho pasivo agravado. El ministro César Garay votó por hacer lugar al desafuero, y abrir una investigación de oficio por comisión de hecho punible, y por mal desempeño en funciones, porque la conducta de Elizaur constituiría también la inmoralidad.

Además, votó por solicitar la suspensión en el cargo del agente fiscal, que debe ser estudiado luego por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, el ministro Manuel Ramírez Candia se adhirió al desafuero para que sea sometido a proceso penal, el enjuiciamiento por comisión de hecho punible y el pedido de suspensión en su cargo a la Corte Suprema.

De esta manera, al final, el JEM le quitó los fueros al fiscal Bernardo Elizaur, con lo que ahora el juez Rodrigo Estigarribia podrá admitir la imputación y fijar la fecha para la imposición de medidas cautelares, así como determinar cuándo deberá presentarse el requerimiento conclusivo.

Ahora, remitirán oficio a la Corte Suprema para que el pleno disponga la suspensión del agente fiscal Bernardo Elizaur. Además, también comunicarán lo resuelto al juez Estigarribia, para que pueda proseguir con el proceso por supuesto cohecho pasivo agravado.
En el caso, el fiscal de Emboscada Bernardo Elizaur Aguirre (55) y su asistente fiscal Liliana Forenciano (39) fueron descubiertos con G. 7 millones que fueron entregados en un operativo encubierto realizado por el Ministerio Público por un supuesto pedido de coima para beneficiar a un procesado por lesión grave.

El operativo fue realizado por la fiscala Yeimy Adle, acompañada por efectivos de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía. Allanó la Fiscalía de Emboscada, ubicada sobre las calles Arecutacuá y San Agustín, donde se hizo la entrega vigilada que terminó con la incautación del dinero.

La denuncia del caso fue presentada por la defensa del imputado Mauricio Soel Méndez Gómez, procesado por lesión grave. Supuestamente, el agente requirió a través de su asistente la suma de G. 10 millones para pedir el sobreseimiento.