La Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo n.º 3 de Alto Paraná, a cargo del agente fiscal Edgar Benítez Delgado, procedió a la inutilización de un importante lote de productos falsificados por disposición judicial.

El procedimiento se llevó a cabo el 7 de octubre en el depósito de la Fiscalía de Ciudad del Este, y los artículos destruidos consistían en baterías para cámaras fotográficas de la marca Canon. El mandamiento judicial fue emitido por la magistrada María de Fátima Burró, en el marco de un anticipo jurisdiccional de pruebas. Los productos, que son nocivos para el medio ambiente, fueron enterrados en un tambor con cemento.

De acuerdo con los antecedentes, las mercaderías inutilizadas fueron incautadas durante varios allanamientos realizados en locales comerciales ubicados en el microcentro de la capital del Alto Paraná.

Entre los comercios intervenidos figuran Philitronic S.A. y Centro de las Cámaras, de donde fueron incautadas una cantidad considerable de baterías Canon y cajas vacías de la misma marca. En relación con el caso, está imputado el comerciante Hassan Modmoud Feahs, quien reconoció ante la unidad fiscal que comercializaba los productos falsificados.

El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta denunció que supuestos adherentes del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intimidaron a los funcionarios del Ministerio Público que se presentaron en la zona para realizar unas diligencias en el marco de una investigación abierta por la supuesta la sobrefecturación de obras en la Costanera Ñande Renda.

Explicó el representante del Ministerio Público que, los funcionarios, entre ellas varias mujeres, este martes se vieron obligados a abandonar la constitución fiscal porque temieron por su integridad física ante las acciones agresivas de las personas desconocidas, pero que serían seguidoras del lord mayor esteño.

Corbeta señaló que junto a sus colegas Alma Zayas y Verónica Valdez inició esta causa y los funcionarios del Ministerio Público debían realizar una pericia, un informe técnico, medición de las obras ejecutadas, para comparar luego con las especificaciones técnicas presentadas en el marco de las denuncias, sin embargo, entre 30 y 40 personas actuaron con mucha belicosidad en contra de los peritos, asistentes y choferes que estaban trabajando.

Según las denuncias presentadas en el año 2020 por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, las sobrefacturaciones en las obras en la costanera municipal y las obras complementarias treparían a cerca de G. 2.500 millones, según lo manifestado por el fiscal interviniente, quien agregó que supuestamente se adjudicaron los trabajos a una empresa que presentó una oferta más elevada.

El abogado Eduardo Cazenave, representante legal del empresario brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, extraditado en julio de 2022 desde Paraguay a los Estados Unidos, confirmó que su cliente fue liberado y se encuentra en Brasil. La noticia fue difundida a través de una entrevista concedida a Radio Ñandutí.

Hijazi fue arrestado en agosto de 2021 en el microcentro de Ciudad del Este durante un operativo de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (S.I.U.) de la SENAD, bajo la dirección del fiscal Marcelo Pecci. Su captura fue considerada de gran importancia tanto para Paraguay como para Estados Unidos, dado su rol en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.

Tras su extradición, el empresario fue juzgado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fue formalmente acusado de cuatro cargos de lavado de dinero y por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. En un acuerdo judicial, Hijazi se declaró culpable de uno de los cargos, lo que derivó en una sentencia monetaria de casi 250.000 dólares y el decomiso de más de tres millones de dólares, distribuidos en varias cuentas bancarias bajo vigilancia de la Agencia de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional.

La Fiscalía de Nueva York, representada por la fiscal Audrey Strauss, alegó que Hijazi dirigió un negocio no licenciado de transmisión de dinero entre 2018 y 2020, afectando el comercio interestatal e internacional. Según la imputación, transfirió fondos dentro y fuera de Estados Unidos sin las licencias correspondientes, infringiendo leyes estatales y federales.Con esta liberación, Hijazi regresa a Brasil, tras cumplir con el acuerdo judicial que puso fin a su proceso en los Estados Unidos.