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JUDICIALES

Fiscal corrupta prepara grosero blanqueo a crimen ambiental de Miguel Prieto y Agrofértil

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Aun cuando su colega Adolfo Santander había constatado en el mismo lugar del crimen ambiental, cuando funcionarios municipales encabezaban la tala de una treintena de añosos árboles de especies nativas en un espacio público, para dar lugar a un estacionamiento privado de la empresa Agrofértil, la fiscal del Medio Ambiente Zunilda Ocampos hoy abiertamente ejerce la defensa de los que cometieron ese crimen ambiental, y abre el camino para el blanqueo de todos ellos.

Durante una entrevista en la mañana de este martes con Radio Concierto, la citada fiscal, que tienen un historial de blanqueos a personas y empresas que cometen crímenes ambientales en Alto Paraná, afirmó que dentro de la carpeta de investigación fiscal “no obran informes técnicos” que señalen que en el paseo central del Km 6½ se haya cometido crimen ambiental alguno.

Zunilda Ocampos ignoró groseramente los elementos probatorios recogidos en setiembre del año pasado, y agregados a la denuncia presentada días después por cuidados que fueron a manifestarse en el lugar y finalmente impidieron la tala de los más de 70 árboles que había autorizado el intendente Miguel Prieto Vallejos.

Por ejemplo, la corrupta fiscal desconoce que la autorización del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que obra en la carpeta fiscal es para “hermoseamiento”, y no para un estacionamiento privado, y que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) emitió una supuesta autorización, pero ya después que se haya materializada la criminal tala de árboles de especies nativas.

Además, la fiscal Zunilda Ocampos obvió que su colega Adolfo Santander ordenó la incautación de las maquinarias, municipales o no, que allí estaban trabajando, dispuso la suspensión de los trabajos, y constató personalmente que el crimen ambiental estaba siendo ejecutado por funcionarios municipales, que según la resolución municipal firmada por Miguel Prieto, debían estar allí solamente para “fiscalizar” los trabajos de “hermoseamiento”.

Después de estas primeras diligencias realizadas en el expediente, el fiscal Adolfo Santander se había apartado de la causa porque su padre es funcionario municipal a cargo de Prieto, y desde entonces Zunilda Ocampos remitió el expediente a Asunción esperando “dictámenes técnicos” de los asesores de la capital, cuando ella misma tenía en su poder todos los elementos para la inmediata imputación del intendente Prieto, y de los ejecutivos de Agrofértil, pero no lo hizo.

Es más, desde entonces inició la defensa de los mismos, y eso puede ser claramente constatado en las pobres diligencias que vino realizando en una grave causa que merecía una inmediata reacción del Ministerio Público, y en consecuencia de una inmediata imputación de los responsables.

Apenas asumió la causa, Zunilda Ocampos había afirmado que “encontró” en la carpeta fiscal que le dejó su colega Adolfo Santander, que “Agrofértil realizó todos los pedidos y gestiones administrativas ya desde el 15 de noviembre del 2021”. Sin embargo, la propia empresa Agrofértil no había podido mostrar ninguno de estos documentos, por lo que visiblemente los fueron “inventando” desde que fueron descubiertos.

En la carpeta fiscal que hoy tiene la fiscal Zunilda Ocampos, obra un informe de Tape Porã, concesionaria de la ruta PY02, de fecha 15 de noviembre del 2021, que le señala textualmente a Agrofértil que NO OPONE OBJECIÓN para ejecutar su proyecto, “sin embargo deberá reencauzar lo solicitado, al MOPC, que es la cartera competente”.

Sin embargo, en la carpeta no obraba en esa fecha autorización alguna del MOPC para iniciar la obra, pero la deficiencia no pasaba solamente por allí. En otro punto de la misma nota, Tape Porã le dice a Agrofértil que considera necesaria la participación del MADES para la respectiva licencia ambiental, “ATENDIENDO A QUE EXISTEN CUESTIONES AMBIENTALES AFECTADAS CON EL DERRIBO DE ÁRBOLES”. Este paso, tampoco fue cumplido, y aun así hoy la fiscal mantiene en la impunidad a los responsables.

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Destruyen productos falsificados por orden judicial

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La Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo n.º 3 de Alto Paraná, a cargo del agente fiscal Edgar Benítez Delgado, procedió a la inutilización de un importante lote de productos falsificados por disposición judicial.

El procedimiento se llevó a cabo el 7 de octubre en el depósito de la Fiscalía de Ciudad del Este, y los artículos destruidos consistían en baterías para cámaras fotográficas de la marca Canon. El mandamiento judicial fue emitido por la magistrada María de Fátima Burró, en el marco de un anticipo jurisdiccional de pruebas. Los productos, que son nocivos para el medio ambiente, fueron enterrados en un tambor con cemento.

De acuerdo con los antecedentes, las mercaderías inutilizadas fueron incautadas durante varios allanamientos realizados en locales comerciales ubicados en el microcentro de la capital del Alto Paraná.

Entre los comercios intervenidos figuran Philitronic S.A. y Centro de las Cámaras, de donde fueron incautadas una cantidad considerable de baterías Canon y cajas vacías de la misma marca. En relación con el caso, está imputado el comerciante Hassan Modmoud Feahs, quien reconoció ante la unidad fiscal que comercializaba los productos falsificados.

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Turba de hurreros de Prieto intentaron evitar trabajo fiscal

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El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta denunció que supuestos adherentes del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intimidaron a los funcionarios del Ministerio Público que se presentaron en la zona para realizar unas diligencias en el marco de una investigación abierta por la supuesta la sobrefecturación de obras en la Costanera Ñande Renda.

Explicó el representante del Ministerio Público que, los funcionarios, entre ellas varias mujeres, este martes se vieron obligados a abandonar la constitución fiscal porque temieron por su integridad física ante las acciones agresivas de las personas desconocidas, pero que serían seguidoras del lord mayor esteño.

Corbeta señaló que junto a sus colegas Alma Zayas y Verónica Valdez inició esta causa y los funcionarios del Ministerio Público debían realizar una pericia, un informe técnico, medición de las obras ejecutadas, para comparar luego con las especificaciones técnicas presentadas en el marco de las denuncias, sin embargo, entre 30 y 40 personas actuaron con mucha belicosidad en contra de los peritos, asistentes y choferes que estaban trabajando.

Según las denuncias presentadas en el año 2020 por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, las sobrefacturaciones en las obras en la costanera municipal y las obras complementarias treparían a cerca de G. 2.500 millones, según lo manifestado por el fiscal interviniente, quien agregó que supuestamente se adjudicaron los trabajos a una empresa que presentó una oferta más elevada.

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Kassem Mohamad Hijazi fue liberado en EE.UU. y ya está en Brasil

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El abogado Eduardo Cazenave, representante legal del empresario brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, extraditado en julio de 2022 desde Paraguay a los Estados Unidos, confirmó que su cliente fue liberado y se encuentra en Brasil. La noticia fue difundida a través de una entrevista concedida a Radio Ñandutí.

Hijazi fue arrestado en agosto de 2021 en el microcentro de Ciudad del Este durante un operativo de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (S.I.U.) de la SENAD, bajo la dirección del fiscal Marcelo Pecci. Su captura fue considerada de gran importancia tanto para Paraguay como para Estados Unidos, dado su rol en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.

Tras su extradición, el empresario fue juzgado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fue formalmente acusado de cuatro cargos de lavado de dinero y por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. En un acuerdo judicial, Hijazi se declaró culpable de uno de los cargos, lo que derivó en una sentencia monetaria de casi 250.000 dólares y el decomiso de más de tres millones de dólares, distribuidos en varias cuentas bancarias bajo vigilancia de la Agencia de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional.

La Fiscalía de Nueva York, representada por la fiscal Audrey Strauss, alegó que Hijazi dirigió un negocio no licenciado de transmisión de dinero entre 2018 y 2020, afectando el comercio interestatal e internacional. Según la imputación, transfirió fondos dentro y fuera de Estados Unidos sin las licencias correspondientes, infringiendo leyes estatales y federales.Con esta liberación, Hijazi regresa a Brasil, tras cumplir con el acuerdo judicial que puso fin a su proceso en los Estados Unidos.

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