Connect with us

JUDICIALES

Fiscal corrupta prepara grosero blanqueo a crimen ambiental de Miguel Prieto y Agrofértil

Publicado hace

día

Aun cuando su colega Adolfo Santander había constatado en el mismo lugar del crimen ambiental, cuando funcionarios municipales encabezaban la tala de una treintena de añosos árboles de especies nativas en un espacio público, para dar lugar a un estacionamiento privado de la empresa Agrofértil, la fiscal del Medio Ambiente Zunilda Ocampos hoy abiertamente ejerce la defensa de los que cometieron ese crimen ambiental, y abre el camino para el blanqueo de todos ellos.

Durante una entrevista en la mañana de este martes con Radio Concierto, la citada fiscal, que tienen un historial de blanqueos a personas y empresas que cometen crímenes ambientales en Alto Paraná, afirmó que dentro de la carpeta de investigación fiscal “no obran informes técnicos” que señalen que en el paseo central del Km 6½ se haya cometido crimen ambiental alguno.

Zunilda Ocampos ignoró groseramente los elementos probatorios recogidos en setiembre del año pasado, y agregados a la denuncia presentada días después por cuidados que fueron a manifestarse en el lugar y finalmente impidieron la tala de los más de 70 árboles que había autorizado el intendente Miguel Prieto Vallejos.

Por ejemplo, la corrupta fiscal desconoce que la autorización del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que obra en la carpeta fiscal es para “hermoseamiento”, y no para un estacionamiento privado, y que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) emitió una supuesta autorización, pero ya después que se haya materializada la criminal tala de árboles de especies nativas.

Además, la fiscal Zunilda Ocampos obvió que su colega Adolfo Santander ordenó la incautación de las maquinarias, municipales o no, que allí estaban trabajando, dispuso la suspensión de los trabajos, y constató personalmente que el crimen ambiental estaba siendo ejecutado por funcionarios municipales, que según la resolución municipal firmada por Miguel Prieto, debían estar allí solamente para “fiscalizar” los trabajos de “hermoseamiento”.

Después de estas primeras diligencias realizadas en el expediente, el fiscal Adolfo Santander se había apartado de la causa porque su padre es funcionario municipal a cargo de Prieto, y desde entonces Zunilda Ocampos remitió el expediente a Asunción esperando “dictámenes técnicos” de los asesores de la capital, cuando ella misma tenía en su poder todos los elementos para la inmediata imputación del intendente Prieto, y de los ejecutivos de Agrofértil, pero no lo hizo.

Es más, desde entonces inició la defensa de los mismos, y eso puede ser claramente constatado en las pobres diligencias que vino realizando en una grave causa que merecía una inmediata reacción del Ministerio Público, y en consecuencia de una inmediata imputación de los responsables.

Apenas asumió la causa, Zunilda Ocampos había afirmado que “encontró” en la carpeta fiscal que le dejó su colega Adolfo Santander, que “Agrofértil realizó todos los pedidos y gestiones administrativas ya desde el 15 de noviembre del 2021”. Sin embargo, la propia empresa Agrofértil no había podido mostrar ninguno de estos documentos, por lo que visiblemente los fueron “inventando” desde que fueron descubiertos.

En la carpeta fiscal que hoy tiene la fiscal Zunilda Ocampos, obra un informe de Tape Porã, concesionaria de la ruta PY02, de fecha 15 de noviembre del 2021, que le señala textualmente a Agrofértil que NO OPONE OBJECIÓN para ejecutar su proyecto, “sin embargo deberá reencauzar lo solicitado, al MOPC, que es la cartera competente”.

Sin embargo, en la carpeta no obraba en esa fecha autorización alguna del MOPC para iniciar la obra, pero la deficiencia no pasaba solamente por allí. En otro punto de la misma nota, Tape Porã le dice a Agrofértil que considera necesaria la participación del MADES para la respectiva licencia ambiental, “ATENDIENDO A QUE EXISTEN CUESTIONES AMBIENTALES AFECTADAS CON EL DERRIBO DE ÁRBOLES”. Este paso, tampoco fue cumplido, y aun así hoy la fiscal mantiene en la impunidad a los responsables.

JUDICIALES

Acusación fiscal ratifica que Prieto no pudo haber robado 2.130 millones, sin sus funcionarios de confianza

Publicado hace

día

Por

Y entre ellos está principalmente el hoy concejal y presidente de la Junta Municipal Sebastián Martínez, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este en el momento del descomunal robo con la compra simulada de alimentos en plena pandemia. Es uno de los apuntes principales de la acusación fiscal, cuyos términos fueron totalmente admitidos ayer por el juez Humberto Otazú, para elevar la causa a juicio oral y público.

Además del destituido Miguel Prieto y su compinche Sebatián Martínez, están acusados y serán sometidos a juicio oral y público, Maggi Elizabeth Fariña Almada, entonces coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; José Félix Cáceres Galeano, ex jefe de Desarrollo Comunitario y protegido por Sebastián Martínez en un grave caso de acoso sexual; y Julián Benítez Gamarra, ex jefe de Almacenes.

La lista sigue con Francisco Arrúa Álvarez, ex director de Administración y Finanzas y ahora nombrado en nuevo cargo por el nuevo intendente Daniel Pereira Mujica; Higinio Ramón Acuña, ex jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, ex encargado de órdenes de pago; y Nelson Segovia Acevedo, ex tesorero.

Van también a juicio oral, Fermín Ávalos Britos, propietario de “Tía Chela SRL”, y Emili Vanessa Florentín Páez, ex novia de Miguel Prieto y propietaria de la firma Vanemi SA. El fiscal Silvio Corbeta considera que el Ministerio Público ha reunido el caudal probatorio suficiente para que la causa por lesión de confianza se debata en juicio oral, lo cual fue admitido por el juez de la causa para su decisión final.

El fiscal sostiene que, de ninguna manera, existía “urgencia impostergable” para adquisición de los alimentos por la vía de la excepción, como se hizo, y que el procedimiento debía será realizado a través de una licitación pública nacional. Considera además la significatividad del monto económico en el perjuicio patrimonial, que, en este caso, era G. 2.130.036.160 (dos mil ciento treinta millones treinta y seis mil ciento sesenta).

La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL, de la entonces novia de Miguel Prieto, Emili Vanessa Florentín Páez. El juez impuso a Prieto la prohibición de salida del país y la obligación de firmar cada mes un libro en el juzgado, además de elevar la causa de juicio oral y público.

Continuar leyendo

JUDICIALES

Imputan por tenencia y comercialización de estupefacientes a detenido con 35 kilos de cocaína

Publicado hace

día

Por

El agente fiscal Manuel Rojas Rodríguez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 2 de Alto Paraná, formuló imputación contra un hombre de 40 años, por la presunta comisión del hecho punible de tenencia y comercialización de estupefacientes. El hoy procesado fue aprehendido con más de 35 kilos de cocaína tras un operativo realizado en Presidente Franco.

Según los antecedentes, la intervención se realizó este 20 de noviembre de 2025, alrededor de las 13:00 horas, durante un allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio Dios Padre Misericordioso. El procedimiento estuvo a cargo de la Fiscalía Antidroga y estuvo acompañado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), quienes inspeccionaron distintas reparticiones del inmueble.

En una de ellas se encontraron 32 paquetes de cocaína envueltos en cinta amarilla con el logotipo de Lamborghini, que totalizaron 35,165 kilos. En otro sector del predio se hallaron tres bolsas adicionales que sumaron 600 gramos de la misma sustancia. Para la Fiscalía, la distribución y las características del cargamento refuerzan la sospecha de una actividad orientada al comercio ilícito.

El Ministerio Público concluyó que el ocupante del inmueble mantenía bajo su dominio toda la droga incautada, motivo por el cual se presentó la imputación correspondiente. El fiscal Rojas Rodríguez solicitó la prisión preventiva del imputado, al considerar la gravedad del hecho y la alta expectativa de pena carcelaria. Asimismo, pidió tres meses de plazo para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.

Continuar leyendo

JUDICIALES

El JEM deja sin fueros y enjuicia a fiscal Eliazur, que cayó con coima

Publicado hace

día

Por

El organismo que juzga la conducta de magistrados de nuestro país tomó esta determinación, durante una sesión realizada ayer jueves en la capital del país. Así, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) retiró los fueros al fiscal de Emboscada Bernardo Elizaur Aguirre.

El representante del Ministerio Público había sido filmado en un operativo encubierto al recibir una supuesta coima. El JEM además dispuso su enjuiciamiento de oficio por la causal de comisión de hecho punible. La comunicación había sido realizada por el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia.

Bernardo Elizaur Aguirre responde a una imputación presentada por la fiscala Yeimy Adle, por supuesto cohecho pasivo agravado. El ministro César Garay votó por hacer lugar al desafuero, y abrir una investigación de oficio por comisión de hecho punible, y por mal desempeño en funciones, porque la conducta de Elizaur constituiría también la inmoralidad.

Además, votó por solicitar la suspensión en el cargo del agente fiscal, que debe ser estudiado luego por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, el ministro Manuel Ramírez Candia se adhirió al desafuero para que sea sometido a proceso penal, el enjuiciamiento por comisión de hecho punible y el pedido de suspensión en su cargo a la Corte Suprema.

De esta manera, al final, el JEM le quitó los fueros al fiscal Bernardo Elizaur, con lo que ahora el juez Rodrigo Estigarribia podrá admitir la imputación y fijar la fecha para la imposición de medidas cautelares, así como determinar cuándo deberá presentarse el requerimiento conclusivo.

Ahora, remitirán oficio a la Corte Suprema para que el pleno disponga la suspensión del agente fiscal Bernardo Elizaur. Además, también comunicarán lo resuelto al juez Estigarribia, para que pueda proseguir con el proceso por supuesto cohecho pasivo agravado.
En el caso, el fiscal de Emboscada Bernardo Elizaur Aguirre (55) y su asistente fiscal Liliana Forenciano (39) fueron descubiertos con G. 7 millones que fueron entregados en un operativo encubierto realizado por el Ministerio Público por un supuesto pedido de coima para beneficiar a un procesado por lesión grave.

El operativo fue realizado por la fiscala Yeimy Adle, acompañada por efectivos de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía. Allanó la Fiscalía de Emboscada, ubicada sobre las calles Arecutacuá y San Agustín, donde se hizo la entrega vigilada que terminó con la incautación del dinero.

La denuncia del caso fue presentada por la defensa del imputado Mauricio Soel Méndez Gómez, procesado por lesión grave. Supuestamente, el agente requirió a través de su asistente la suma de G. 10 millones para pedir el sobreseimiento.

Continuar leyendo

Facebook

Más leidas