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Vía libre para financiación de agua potable y saneamiento para CDE

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Tras un largo debate, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que aprueba dos contratos de préstamos suscritos entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto total de hasta USD. 115.000.000;  y con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), por un monto de hasta JPY 9.130.000, equivalente, aproximadamente, a USD. 66.000.000.

Ambos contratos tienen la finalidad de financiar el proyecto de agua potable y saneamiento para el área metropolitana de Ciudad del Este, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). La exposición de motivos explica que la cobertura del servicio de agua por red en el área metropolitana de Ciudad del Este es insuficiente.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Arnaldo Samaniego (ANR-Capital), al argumentar por la aprobación del documento, dijo que existirían unos 250 proveedores de servicio de agua potable y que la cobertura solo alcanza al 30% de la población.

Señaló que también existen sistemas independientes administrados por la Itaipú Binacional y por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), que abastecen al 5% del área metropolitana. Aseguró que un 70% de la población se autoabastece de pozos someros en los patios de sus casas y la población restante, un 25%, lo hace a través de pequeños proveedores.

Las comisiones de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria y la de Asuntos Económicos y Financieros, presididas por los diputados Edgar Acosta (PLRA-Central) y Celeste Amarilla (PLRA-Capital), expusieron dictámenes que aconsejan rechazar el proyecto.

El argumento principal es que es extemporáneo y que no es conveniente la aprobación de millonarios créditos a tan solo algunos días de las elecciones generales. El proyecto fue sancionado y se estableció el envío del documento al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

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Diez fiscales encabezaron allanamientos simultáneos que derivaron en detenciones e incautación de evidencias

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El agente fiscal de Coronel Bogado, Rodolfo Colmán, junto a los agentes fiscales coadyuvantes Ever Williams, Giovanna Vera, Lorena Castelvi, Angelina Arriola, Zulma Britos, Francisco Martínez, Griselda González, Rocío Valdez y Enrique Fornerón, encabezó este sábado una serie de allanamientos simultáneos en el marco de la investigación por el asalto a la empresa Algisa.

Las diligencias se realizaron en las localidades de San Pedro del Paraná, Alto Vera, Carlos A. López, Encarnación y Yuty (departamento de Caazapá), y derivaron en la detención de dos personas, además de la incautación de armas de fuego y otras evidencias de interés para la causa.

Objetos incautados
Armas de fuego: una escopeta calibre 12 mm; dos pistolas calibre 9 mm; un revólver calibre .38.
Cartuchos vivos sin percutir de diferentes calibres.
Once teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.
Prendas de vestir varias (tácticas, camufladas, quepis, sombreros y guantes).
Accesorios para armas de fuego.
Seis pistoleras.
Tres maletines con accesorios para pistola.
Dos DVR.
Dos radios walkie-talkie.
Una motocicleta.

Los procedimientos se llevaron a cabo con el acompañamiento de personal del Departamento de Investigación de Delitos, y el apoyo de las agrupaciones FOPE, GEO y LINCE, quienes brindaron resguardo y protección a las comitivas fiscales durante el desarrollo de los operativos.

Las evidencias incautadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para su análisis, en tanto continúan las diligencias investigativas para el esclarecimiento total de los hechos.

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Continúa búsqueda de niño arrastrado por raudal en San Lorenzo

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El pequeño Tobías, de 12 años, permanece desaparecido tras ser arrastrado por un raudal en el barrio Reducto de San Lorenzo, en medio de un temporal ocurrido el viernes. Este sábado en la mañana se reanudaron las labores de búsqueda, luego de una pausa durante la madrugada.

Al menos 40 efectivos de la Armada se sumaron al operativo con drones, buzos, kayaks y equipos especializados, en apoyo a los bomberos y otras instituciones. Los trabajos se concentran en el kilómetro 16 de la ruta PY02, con la esperanza de hallar al menor.

El padre del niño, Reinaldo Suárez, expresó su indignación por las obras inconclusas en la zona, que considera responsables de la tragedia.

La Municipalidad de San Lorenzo, administrada por Felipe Salomón, emitió un comunicado asegurando que todos los esfuerzos están dirigidos a encontrar al menor, en coordinación con bomberos voluntarios, Policía Nacional y equipos de rescate.

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Fiscalía imputo a exministro por supuesto perjuicio millonario al Estado en obras del Metrobús

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El equipo de fiscales especializados anticorrupción, conformado por Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, imputó a un exministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras constituidas o medios técnicos de trabajo, en el marco de la investigación por el perjuicio patrimonial ocasionado al Estado a raíz de la destrucción de obras del Metrobús.

De acuerdo con la imputación, el extitular del MOPC es sindicado de haber ocasionado un supuesto perjuicio patrimonial de G. 6.924.624.006, monto que había sido abonado por el Estado para la construcción de estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR), sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora, departamento Central. Dichas estructuras fueron demolidas durante su administración.

Asimismo, la investigación señala un segundo perjuicio por G. 8.030.693.029, correspondiente al pago efectuado a la empresa Mota Engil Ingeniería y Construcción SA, en concepto de trabajos acordados en el Acta de Entendimiento, que presuntamente habrían sido imputados a la suma provisional destinada a obras y gastos de contingencia.

En ese contexto, el Ministerio Público solicitó al juez de la causa la aplicación de medidas cautelares para el imputado, a fin de prevenir el peligro de fuga u obstrucción de la investigación, proponiendo medidas menos gravosas, incluida la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva.

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