La cuestionada jueza Gabriela Maricel Meaurio, titular del Juzgado 1ra Instancia en lo Civil y Comercial 1° turno, de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná, busca su “rekutu”, es decir ocupar el cargo por otro periodo, pese a que posee denuncias por mal desempeño de sus funciones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y por prevaricato ante el Ministerio Público.
Sugestivamente, las denuncias contra la referida magistrada son cajoneadas por los miembros del JEM, quienes, según fuentes, estarían recibiendo dinero para que los expedientes no corran su debido proceso. La jueza es conocida por “negociar” expedientes, según las denuncias.
Abogados del foro del Alto Paraná que acuden a diario al Palacio de Justicia califican a la magistrada como una de las más corruptas, que cajonea expedientes, se expide de acuerdo a su conveniencia y regula honorarios a su antojo, una de las regulaciones por odio realizó por apenas G. 167.000, desde esa vez, el abogado la aparta de sus casos por el odio manifiesto que le tiene.
La llaman “caza fortunas” por los negociados millonarios que realiza en base a sus resoluciones. Es más, indican que ella misma, muchas veces viola sus propias resoluciones. Además, de todo lo mencionado, la jueza maltrata a abogados y funcionarios. Una de las denunciantes, cuya identidad reservamos mencionó: “Nos trata como animales, se cree la ama y señora de la justicia, es más, rezamos para que alguna vez cambie y deje de maltratarnos”.
LA DENUNCIA POR PREVARICATO
Fue denunciada ante el Ministerio Público por prevaricato tras favorecer a dos prófugos y declarados rebeldes. Los beneficiados por la magistrada fraguaron el acta notarial de una escribana y de la que se valieron para desalojar al arrendatario del inmueble, ubicado en el distrito de Yguazú. La acción penal contra la juez Meaurio fue presentada por Roque Schallenberger por derecho propio y bajo patrocinio del abogado Edison Chávez.
El hecho data del 28 de octubre de 2022, a las 12:40, cuando los abogados Héctor Santacruz Domínguez y Juan Ángel Rojas Benítez, amparados en un poder falso que luego se confirmó que no fue confeccionada por la escribana María Teresa Pérez de Encina y el poderdante ya había fallecido en el 2008. Irrumpieron de manera violenta y tomaron posesión de la propiedad privada ubicada en el km 45 Monday, a 14.000 metros de la Ruta PY02, distrito de Yguazú, perteneciente legítimamente a Roque Schallenberger.
Roque Schallenberger presentó un interdicto de recuperar la posesión en el juzgado civil de Juan León Mallorquín, que le concedió la medida cautelar de prohibición de innovar. De esa manera, se debía paralizar toda actividad dentro de la propiedad. Sin embargo, los invasores no respetaron la disposición judicial y plantaron soja en el inmueble ajeno. Al mismo tiempo, presentaron un interdicto de retener la propiedad en el mismo juzgado de Mallorquín y con recusación sin causa a la jueza de la causa.
De esa manera, el expediente pasó a Ciudad del Este y desde el 1 de diciembre de 2022 está a cargo de la jueza Meaurio Samudio, quien después de recibir el expediente y a sabiendas de que existe una prohibición de innovar sobre el inmueble en cuestión, el 6 de diciembre de 2022 concedió una medida cautelar para fumigar la plantación de soja, que los invasores habían plantado en abierta violación de la medida de prohibición de innovar.
