“Tomamos con mucha esperanza esta imputación porque existían todos los elementos para eso, porque fue una compra simulada”, afirmó en la mañana de este miércoles a Radio Concierto una de las referentes de la Contraloría Ciudadana, que realizó hasta ahora cuatro denuncias de corrupción contra el intendente de Ciudad del Este.
Las expresiones de la Lic. Magdalena Montiel tienen que ver con la imputación de Miguel Prieto Vallejos por Lesión de Confianza en el sonado caso “Tía Chela”, donde en su gestión supuestamente se compraron 25.000 kits de alimentos para distribuir a familias de escasos recursos en el inicio de la pandemia del Covid 19.
En ese sentido, el fiscal Silvio Corbeta y otros dos representantes del Ministerio Público imputaron a Prieto, al concejal Sebastián Martínez y otras 9 personas, y solicitó la prisión domiciliaria de todos ellos, además de la prohibición de salir del país, la prohibición de hablar con funcionarios municipales, entre otras medidas menos gravosas a la prisión preventiva.
“Tía Chela no pudo justificar de dónde compró esos insumos para los kits, porque estaban cerradas las fronteras y tampoco pudo haberlo hecho por importación (tuvo que ser de contrabando). No fue la proveedora real de los kits, pero presentó facturas como si fuera que sí lo hicieron”, explicó la profesional.
La misma incluso señaló que existen sospechas fundadas de que desde la Municipalidad de Ciudad del Este nomás compraron los insumos, y se justificaron después con las facturas. “Pero eso tiene que demostrar la fiscalía. El dinero fue desembolsado totalmente, pero probablemente Tía Chela no recibió la segunda parte de ese dinero”, agregó.
Finalmente la Lic. Magdalena Montiel afirmó que la Contraloría Ciudadana presentó hasta ahora cuatro denuncias de corrupción contra la gestión de Prieto Vallejos, y actualmente están en proceso de presentar una quinta, por obras sobrefacturadas o no realizadas, con desembolsos a comisiones vecinales. Las otras denuncias tienen que ver con otra compra de alimentos, por empedrados por 32.000 millones de guaraníes, y un “puente de oro” en el asentamiento Mariscal López”.
