Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público realizaron la imputación y pedido de prisión domiciliaria del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otras personas por el hecho punible de lesión de confianza, en el marco de la causa de compra de kit alimentarios en tiempo de COVID. La empresa de maletín que había proveído los alimentos fue Tía Chela, ocasión en que se registró una tragada de Gs. 1.769 millones.

La imputación es contra el intendente esteño Miguel Prieto; Francisco Arrúa, director de Finanzas; el actual concejal Sebastián Martínez y; el acosador José Félix Cáceres Galeano.

El proceso también involucra a Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi S.A.. Los referidos ocupaban los cargos referidos al momento del hecho de lesión de confianza.

“Se habría ajustado o simulado cadena de compra-venta, en la cual había participado la firma Vanemi SA, cuya representante legal Emili Vanessa Florentín Páez, es del entorno de Prieto”, refiere parte de la imputación

Según la imputación, el 20 de marzo de 2020, por resolución N° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este, representada por Prieto, con base a un dictamen de la directora de UOC, Maggi Fariña, llamó a licitación por vía de la excepción para la adquisición de cestas básicas a ser distribuidas a familias de escasos recursos por la pandemia del Covid-19. Se designó a Sebastián Martínez y José Félix Cáceres, como miembros del Comité de Evaluación.

La firma que se presentó fue Tía Chela SRL, con una oferta de G. 2.949.650.000.

“De acuerdo a los elementos colectados por el Ministerio Público, se tendría que la empresa adjudicada no habría tenido en su inventario la totalidad de las mercaderías ofertadas a la Municipalidad para el día 23 de marzo de 2020, fecha en la cual el comité de evaluación se reunió para evaluar la oferta”, dice la imputación presentada por los tres fiscales.

La investigación fiscal verificó que Tía Chela ni siquiera cumplía con los requerimientos básicos de la licitación. “no obraba documento alguno que acreditara que la misma contaba con la disponibilidad material de proveer los bienes ofertados de forma inmediata. Además de que la proveedora tampoco contaba con la capacidad financiera, capacidad técnica, ni experiencia para dar cumplimiento a una licitación de un monto tan significativo”, dice el escrito.

«Se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Avalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución, a pesar de que los documentos reflejan una entrega que no se dio en la realidad. Este perjuicio económico de G. 1.769.790.000 ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este por el Intendente Miguel Prieto a través de la adquisición efectuada el 07 de abril del 2020 por la vía de la excepción, no habría sido posible sin la participación y colaboración de los funcionarios municipales quienes intervinieron en todo el proceso de compra pública: Lic. Maggi Fariña, Coordinadora de la UOC; Econ. Sebastian Martinez, Director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres, Jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benitez, Jefe de Almacenes; Francisco Arrúa, Director de Administración y Finanzas; Higinio Acuña, Jefe de Adquisición y Suministros; Fermín Avalos Britos, de Tía Chela SRL, Cirle Alcaraz y Nelson Segovia, del área financiera», refiere la imputación