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JUDICIALES

Debaten modificaciones del Código Procesal Penal

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La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el diputado Yamil Esgaib (ANR-Capital), organizó una audiencia pública, en donde se debatió la necesidad de modificar del Código Procesal Penal, en lo referente a las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva, como así también acerca de la implementación de las tobilleras electrónicas.

En este sentido, el diputado Esgaib, significó que también existen leyes relacionadas al tema seguridad que, por diversos motivos, aún no se están implementando. Se refería, específicamente, al proyecto de ley N° 5.863/17, “Que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control”.

“No es difícil advertir que nos encontramos ante una grave crisis en materia de seguridad; la delincuencia ha tomado las calles y se enseñorea, de manera impune, ante el temor creciente de la ciudadanía en general”, significó el parlamentario. Reflexionó que estos hechos delictivos, tan aberrantes como reiterados, tienen un denominador común: autores que ya cometieron hechos similares o aún más graves que, inexplicablemente, se encuentran en las calles con la posibilidad de seguir delinquiendo.

En ese sentido, expuso que la intención es contar con una norma que permita establecer parámetros, dentro de los cuales deba enmarcar su actuación el órgano jurisdiccional, y se evite la percepción social de “premio a los delincuentes”, por medio de la aplicación de medidas distintas a la prisión preventiva.

Para la legisladora Rocío Vallejo (PPQ-Capital), la situación de seguridad pública es una cuestión que no pasa por nuevas leyes, sino por los jueces que la aplican.

El abogado José Lesme, en representación del Consejo Nacional de Seguridad de Comisiones Vecinales y Organizaciones Sociales, exteriorizó su descontento por la aplicación artículos 172, 242 y 243 del Código Procesal Penal, al sostener que son apartados que perjudican, sobremanera, a las comisiones vecinales. Sugirió también que el imputado debe llevar la tobillera y la misma, si no puede ser adquirido por el Estado, que sea el afectado el que pague.

Como conclusión, el diputado Esgaib, aseguró que estarán trabajando en consensuar en las modificaciones de la legislatura actual, teniendo como objetivo principal que los ciudadanos vuelvan a sentirse seguros tanto en sus domicilios como en sus espacios públicos.

JUDICIALES

Imputan a sujeto que habría abusado de su hijastra de 6 años

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El agente fiscal Osvaldo Zaracho abrió un proceso penal en contra de un hombre que habría abusado sexualmente de su hijastra menor 6 años y de igual forma solicitó al Juzgado de Garantías que decrete la prisión preventiva del sospechoso, quien se encuentra privado de libertad en sede policial. El encausado enfrenta cargo por abuso sexual en niños.

Conforme a la investigación, los supuestos abusos se registraban en una vivienda en la que habitan ambos. La víctima comenzó a tener un comportamiento extraño, casi siempre demostraba tristeza y se pasaba el día llorando, según explicó la madre. No obstante, el 25 de setiembre pasado, la niña había confesado a su mamá que el padrastro la manoseaba en sus partes íntimas. La mujer inmediatamente se presentó ante las autoridades y radicó la denuncia correspondiente contra su pareja.

Por consiguiente, el presunto agresor fue aprehendido por efectivos policiales de la comisaría 6ª de la jurisdicción y quedó a disposición del Ministerio Público. Luego, el fiscal Osvaldo Zaracho, titular de la Unidad Penal Nº 10 de Ciudad del Este, y en su carácter de interino de la Unidad Penal n.º 2 de Presidente Franco, presentó la imputación contra el supuesto abusador sexual.

El nombre del imputado y demás datos sobre el caso se mantienen en reserva para proteger la identidad de la niña, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.

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JUDICIALES

Alarmante aumento de violencia familiar con 8 imputados en un solo día

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La fiscal Estela Mary Ramírez imputó en un solo día a ocho personas presuntamente implicadas en el hecho punible de violencia familiar. A criterio de la representante del Ministerio Público es preocupante el aumento de denuncias que se registran diariamente por esta problemática en Ciudad del Este.

Los encausados son Alberto Vázquez, Óscar Alderete, Emanuel Ortega, Juan Ricardo Céspedes, Ignacio Galeano, Luis Alberto Barroso, Jorge Daniel Cano, Arnaldo Cáceres y Jorge Ricardo Céspedes. Cada uno de ellos enfrenta investigaciones en diferentes causas penales relacionadas con situaciones de violencia que afectaron a sus propias familias.

Los casos se registraron en diferentes puntos de la capital del Alto Paraná. Uno de los sindicados resultó detenido en flagrancia en el momento del incidente, mientras que los demás fueron denunciados por sus víctimas, en su mayoría parejas sentimentales de los agresores.

La representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, con el objetivo de garantizar la seguridad de las víctimas y prevenir futuros episodios de violencia que pudieran desencadenar en tragedia. Asimismo, el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía brindó asistencia psicológica a las personas afectadas por la violencia.

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JUDICIALES

Arenera fue allanada por graves delitos contra el medio ambiente

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La Unidad Especializada en Medio Ambiente n.º 1 de Alto Paraná, a cargo del agente fiscal Orlando David Quintana, llevó a cabo un allanamiento en el marco de una supuesta transgresión de la Ley 716/96 de Medio Ambiente (incumplimiento de medidas de mitigación y ensuciamiento y alteración de aguas).

La intervención tuvo lugar en una arenera ubicada a orillas del río Acaray, en el kilómetro 10 de Ciudad del Este, donde supuestamente se realiza extracción y acopio de arena en barcaza, que presumiblemente estaría perdiendo hidrocarburos o aceite en el cauce hídrico, conforme a los datos. Además, los trabajos en el lugar presuntamente se estarían realizando sin la autorización del órgano aplicador, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

La comitiva interviniente fue recibida por el ciudadano Guillermo Mauro Batochi Aquino, quien manifestó ser propietario de la barcaza encontrada en el lugar.

El representante del Ministerio Público adelantó que oficiará oportunamente a las instituciones pertinentes a fin de confirmar si la arenera cuenta con habilitación para operar. Momentáneamente, el fiscal Orlando Quintana ordenó el cese de actividades en el sitio.

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