La denuncia fue presentada en la mañana de este martes en la Fiscalía, solicitando la imputación del intendente de Ciudad del Este y agregando documentos que muestran en forma contundente la manipulación para “camuflar” la entrega de dinero a comisiones vecinales, dinero que en realidad no llegaba a los vecinos, y era manejado exclusivamente por funcionarios municipales o el intendente.
Se tratan de millonarios montos que figuran como “transferencias de fondos de capital a instituciones privadas sin fines de lucro, en los ejercicios fiscales de 2019 a mayo del 2023. La denuncia está firmada por Magdalena Montiel, Oscar Nicolás Delvalle, Griselda Fernández Román, Mariel Raquel Gaona, Sergio Alejandro Sánchez, bajo patrocinio del abogado Víctor Enriquez Núñez.
La denuncia es contra MIGUEL PRIETO VALLEJO, con domicilio laboral sobre la Av. Pioneros del Este, Municipalidad de Ciudad de Ciudad del Este, SEBASTIAN MARTINEZ INSFRAN con domicilio laboral sobre la Av. Pioneros del Este, Junta Municipal de Ciudad de Ciudad del Este, Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE RESULTEN RESPONSABLES DE LAS INVESTIGACIONES.
Los mismos habrían cometido los supuestos hechos punibles de “Producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, Producción mediata de documentos públicos de contenido falso, Lesión de confianza, y Asociación criminal, y solicitan que se inicien las investigaciones correspondientes.
El monto de estas transferencias en total llega a G. 61.316.065.667 (guaraníes sesenta y un mil trescientos dieciséis millones sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete). Señalan que han corroborado graves irregularidades, situación que ya había sido constatado en el Informe Final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) elaborado por la Contraloría General de la República en fecha 24/05/2022.
Menciona que las Comisiones no administraban los fondos que recibían de la Municipalidad, que la administración de los recursos y la contratación de las empresas constructoras eran totalmente direccionadas por la administración municipal, siendo utilizadas las comisiones vecinales al solo efecto de la emisión de los cheques, que posteriormente, una vez endosados, eran retirados de su poder.
Lo hacían de esta forma simplemente era para eludir el proceso que se exige para la contratación de obras y servicios establecidos en la Ley 2051/03, entregando recursos municipales a empresas seleccionadas por los mismos funcionarios municipales, cuya trayectoria, experiencia y documentaciones como pagos de impuestos, declaraciones a la Subsecretaria de Estado de Tributación, inscripción como proveedor del Estado en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no fueron, ni son controladas hasta la fecha.
Estas situaciones pueden representar evasiones impositivas como el IVA y renta, así como también se elude todo control sobre la calidad de las obras realizadas, violando los principios establecidos en la Ley 2051, como ser de libre competencia, eficiencia, economía, transparencia, dejando toda la responsabilidad sobre la Comisión Directiva de las Sub Comisiones.
