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JUDICIALES

Recuerdan vigencia del Protocolo de Actuación para una Justicia Intercultural

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La Corte Suprema de Justicia se adhiere a la celebración por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido el 9 de agosto de cada año por la Asamblea General de la ONU en Resolución A/RES/49/21. En ese marco, a través de la Dirección de Derechos Humanos recuerda la vigencia de la segunda edición del “Protocolo de Actuación para una Justicia Intercultural – Los Pueblos Indígenas”, en versión trilingüe (castellano, guaraní e inglés).

En ese sentido y siguiendo con las recomendaciones de las 100 Reglas de Brasilia, relativas al acceso a la justicia de los pueblos indígenas, cabe mencionar que el Poder Judicial cuenta desde el 2016 con el Protocolo de Actuación para una justicia intercultural –” Los Pueblos Indígenas”, que ofrece a magistrados y operadores de justicia orientaciones y directrices para comprender y atender los casos con un enfoque de derecho desde el abordaje de la diversidad cultural relativa a los pueblos indígenas del país.

Esta Segunda Edición, lanzada en el año 2022, mantiene la fidelidad del contenido de la primera respecto a las orientaciones y directrices para los magistrados pero se ve enriquecida y legitimada nacional e internacionalmente por su traducción al guaraní y al inglés. Con la traducción al guaraní la Corte Suprema de Justicia cumple con el deber en la utilización de ambos idiomas oficiales en su publicación y, al mismo tiempo, la traducción al idioma inglés abre la frontera para llegar a la comunidad internacional y a los otros pueblos indígenas del mundo.

Con este Protocolo, tanto magistrados, comunidades como las personas que se autoidentifican como indígenas podrán encontrar una respuesta apropiada a los derechos de los pueblos indígenas nacional e internacionalmente reconocidos en el marco del control de convencionalidad.

Para los interesados se facilita el protocolo en el siguiente enlace. Cabe mencionar que el lema para el Día Mundial de las Poblaciones Indígenas en 2023 es: “Juventud Indígena como agentes de cambio para la libre determinación”.

JUDICIALES

Imputan a sujeto que habría abusado de su hijastra de 6 años

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El agente fiscal Osvaldo Zaracho abrió un proceso penal en contra de un hombre que habría abusado sexualmente de su hijastra menor 6 años y de igual forma solicitó al Juzgado de Garantías que decrete la prisión preventiva del sospechoso, quien se encuentra privado de libertad en sede policial. El encausado enfrenta cargo por abuso sexual en niños.

Conforme a la investigación, los supuestos abusos se registraban en una vivienda en la que habitan ambos. La víctima comenzó a tener un comportamiento extraño, casi siempre demostraba tristeza y se pasaba el día llorando, según explicó la madre. No obstante, el 25 de setiembre pasado, la niña había confesado a su mamá que el padrastro la manoseaba en sus partes íntimas. La mujer inmediatamente se presentó ante las autoridades y radicó la denuncia correspondiente contra su pareja.

Por consiguiente, el presunto agresor fue aprehendido por efectivos policiales de la comisaría 6ª de la jurisdicción y quedó a disposición del Ministerio Público. Luego, el fiscal Osvaldo Zaracho, titular de la Unidad Penal Nº 10 de Ciudad del Este, y en su carácter de interino de la Unidad Penal n.º 2 de Presidente Franco, presentó la imputación contra el supuesto abusador sexual.

El nombre del imputado y demás datos sobre el caso se mantienen en reserva para proteger la identidad de la niña, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.

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Alarmante aumento de violencia familiar con 8 imputados en un solo día

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La fiscal Estela Mary Ramírez imputó en un solo día a ocho personas presuntamente implicadas en el hecho punible de violencia familiar. A criterio de la representante del Ministerio Público es preocupante el aumento de denuncias que se registran diariamente por esta problemática en Ciudad del Este.

Los encausados son Alberto Vázquez, Óscar Alderete, Emanuel Ortega, Juan Ricardo Céspedes, Ignacio Galeano, Luis Alberto Barroso, Jorge Daniel Cano, Arnaldo Cáceres y Jorge Ricardo Céspedes. Cada uno de ellos enfrenta investigaciones en diferentes causas penales relacionadas con situaciones de violencia que afectaron a sus propias familias.

Los casos se registraron en diferentes puntos de la capital del Alto Paraná. Uno de los sindicados resultó detenido en flagrancia en el momento del incidente, mientras que los demás fueron denunciados por sus víctimas, en su mayoría parejas sentimentales de los agresores.

La representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, con el objetivo de garantizar la seguridad de las víctimas y prevenir futuros episodios de violencia que pudieran desencadenar en tragedia. Asimismo, el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía brindó asistencia psicológica a las personas afectadas por la violencia.

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Arenera fue allanada por graves delitos contra el medio ambiente

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La Unidad Especializada en Medio Ambiente n.º 1 de Alto Paraná, a cargo del agente fiscal Orlando David Quintana, llevó a cabo un allanamiento en el marco de una supuesta transgresión de la Ley 716/96 de Medio Ambiente (incumplimiento de medidas de mitigación y ensuciamiento y alteración de aguas).

La intervención tuvo lugar en una arenera ubicada a orillas del río Acaray, en el kilómetro 10 de Ciudad del Este, donde supuestamente se realiza extracción y acopio de arena en barcaza, que presumiblemente estaría perdiendo hidrocarburos o aceite en el cauce hídrico, conforme a los datos. Además, los trabajos en el lugar presuntamente se estarían realizando sin la autorización del órgano aplicador, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

La comitiva interviniente fue recibida por el ciudadano Guillermo Mauro Batochi Aquino, quien manifestó ser propietario de la barcaza encontrada en el lugar.

El representante del Ministerio Público adelantó que oficiará oportunamente a las instituciones pertinentes a fin de confirmar si la arenera cuenta con habilitación para operar. Momentáneamente, el fiscal Orlando Quintana ordenó el cese de actividades en el sitio.

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