Luego de una auditoria, la Contraloría General de la República denunció ante el Ministerio Público un intento de millonario daño patrimonial en licitación de almuerzo escolar en la Municipalidad de Presidente Franco en el 2021. La denuncia fue contra el intendente Roque Godoy (PLRA) y la exintendente interina y actual concejal departamental Julia Ferreira (PLRA).

La investigación también involucra a concejales, evaluadoras y a la propietaria de la empresa Fasv Import Export, Fátima Sartorio Vanni.  Los datos indican que en el 2021 las autoridades intentaron direccionar la licitación a favor de la firma mencionada. No se logró el perjuicio de G. 582.595.200 a la Comuna, mediante una intervención de la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas).

La oferta más alta presentó la empresa Fasv Import Export y pese a ello, se le adjudicó, propuso G. 2.336.083.200, mientras que la oferta Copacabana, de Teófilo Amarilla, fue de G. 1.753.488.000. La proveedora con mejor precio fue descalificada por el comité de evaluación, compuesto por Lurdes Bordaberry, Miguel Faría Colmán y Enrique Jiménez.

La DNCP, anuló la adjudicación al considerar sin fundamento la descalificación de Copacabana y ordenó la reevaluación de las ofertas. Pero, los evaluadores, el intendente y los concejales otorgaron la licitación a la firma, tras descalificar por segunda vez a Copacabana.

Ante otra protesta, la segunda adjudicación fue anulada en DNCP en diciembre de 2021. Debido a esta maniobra, alumnos quedaron sin almuerzo en ese año. Los indicios de corrupción también se encuentran en la licitación del 2022, año en que la misma firma fue adjudicada sin mejorar su oferta.

La firma de Sartorio Vanni se quedó con un contrato de G. 2.565 millones y en este 2023 se adjudicó a la empresa Copacabana que presentó mejor oferta, pero su servicio es pésimo.