Este jueves se intentó llevar a cabo un desalojo en una propiedad del Área 2 de Ciudad del Este. En la incidentada diligencia, el abogado Patrick Ramírez y la oficial de justicia Laura Delfina Ríos Aguilera, habrían actuado con mucha prepotencia al romper candados, forzar cerraduras y empujar a los ocupantes de la vivienda, exigiendo que desocupen inmediatamente la casa.

La intención de la Oficial de Justicia era desalojar a los moradores actuales en un proceso que no les ha dado intervención, para luego poner en posesión a su cliente.

Sin embargo, la Policía Nacional de la Jurisdicción, del Barrio San Miguel de Ciudad del Este actuó de manera objetiva y en estricto cumplimiento de la ley, entendiendo la ilegal pretensión de Ramírez y Ríos, no permitiendo la mala actuación. Por lo que sólo se limitó a labrar acta de la intervención.

Este procedimiento se suspendió debido a su ilegalidad, ya que no cumplía con los requisitos legales establecidos. El objetivo del desalojo era desalojar a Carlos Ariel Cabrera, quien no se encontraba en la vivienda en cuestión, y el mandamiento de desahucio no estaba dirigido contra terceros ocupantes, lo que invalidaba el procedimiento.

El Abogado Celso Willian Espínola, en representación de la moradora afectada, elogió la actuación de los policías intervinientes, señalando que el desalojo jamás se puede llevar a cabo en tales condiciones, debido a la ausencia de la persona a ser desalojada. Resaltando la clara extralimitación por parte del Abogado Patrick Ramírez y la Oficial de Justicia Laura Delfina Ríos Aguilera, quien pese a tener la Matrícula de Oficial de Justicia vencida, no respetó los límites de actuación del mandamiento de desahucio; queriendo obligar en ese mismo instante a los ocupantes y toda su familia, abandonen el lugar y poner como ocupante a su cliente, de marera absolutamente arbitraria, ilegal e inconstitucional.

El mandamiento no les autorizaba. El trasfondo de este conflicto involucra una demandante que afirma haber sido perjudicada por Carlos Ariel Cabrera, alegando que ella era la antigua ocupante de la vivienda, que vendió la propiedad, pero Carlos Ariel Cabrera no le pagó y por ello, pretendía recuperar el inmueble. Por lo que contrató a los “profesionales” para recuperar su vivienda.

Cabe destacar que en la actualidad el inmueble ha sufrido muchísimas mejoras por parte de la moradora actual, quien vive con su hija y su nieta, quien ha recibido el apoyo de todos sus vecinos.

El proceso irregular se lleva a cabo en el Juzgado del Menor, bajo la jurisdicción de la Juez Delcy Cardozo. La polémica radica en que el desahucio se ordenó sin dar intervención a los ocupantes reales de la vivienda, no autorizaba a los intervinientes a hacer ocupar el inmueble a otras personas, por lo que todo el procedimiento sería irregular, correspondiendo su anulación y denuncia ante la superintendencia de Justicia, por la mala praxis del Abogado y la Oficial de Justicia en el ejercicio de un mandato conferido de manera absolutamente irregular.